Chofer y acompañante fueron agredidos por militares
El sector del transporte pesado presentará un amparo constitucional contra la, recién sancionada, Ley de Fortalecimiento de Lucha Contra el Contrabando, debido a excesos en el uso de armas por parte de militares en la frontera.
“No se ha considerado la norma y podemos solicitar una reconsideración o en todo caso enviar un Amparo Constitucional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), una vez que sea promulgada la norma. Bajo ninguna circunstancia vamos a aceptar que quieran hacer daño a nuestro gremio”, explicó el diputado Lucio Gómez.
DENUNCIA
Este hecho surge a raíz de la denuncia de Roberto Paco, chofer de transporte pesado, quien señaló que el pasado lunes por la noche, un grupo de militares los interceptaron en la carretera Oruro-Pisiga y le dispararon a él y su acompañante creyendo que trasladaban productos de contrabando en su vehículo.
Los funcionarios militares que dispararon al motorizado que no logró frenar a tiempo ante el inoportuno pedido de los uniformados. Tras constatar que la mercadería era legal y que cometieron un error, abandonaron el lugar.
Ante esto, Gómez indicó que se advirtieron estas acciones abusivas por parte de los militares y que la aprobación de la norma solo ocasionaría que estos hagan un mal uso de las armas, aseguran que no permitirán estos excesos.
Según la declaración del afectado se encontraba a más de 100 kilómetros de la línea fronteriza, por lo que no es justificada el accionar de los militares, que hasta el momento no dieron ninguna explicación.
La norma sancionada por la Cámara de Senadores establece que la Policía y los militares harán uso de sus armas en la franja de seguridad que es de 50 kilómetros a partir de la línea fronteriza.
INFORME
Por su parte, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Aniceto Choque, anunció que gestionará una petición de informe para que el ejército explique porque se cometió semejante equivocación y peor aun cuando la Ley 140 no ha sido promulgada.
Exigirán a la Fiscalía General del Estado que inicie un proceso penal contra los militares que participaron de estos hechos, aunque el dueño del camión pidió que no se proceda con estas acciones, por temor de que la aduana nacional y los investigadores no devuelvan la mercadería que iba a trasladar a santa cruz.
El parágrafo II, del artículo 5 de la Ley 140 determina que “Están exentos de responsabilidad las y los servidores públicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana que encontrándose en riesgo la vida o integridad física propia o ajena, no superable de alguna manera, procedieran de oficio a la destrucción e inutilización de los medios de transporte y bienes encontrados en los operativos de contrabando”.
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