La Juez 9no. de Instrucción Penal Cautelar, Regina Santa Cruz, dispuso la detencion preventiva en el recinto de San Pedro para Juan P. Q. M., Reynaldo A., Francisco F. Ch. y Alberto Ch.Y., productores de coca de La Asunta, aprehendidos el martes pasado e imputados por presuntos delitos de resistencia a la autoridad, tenencia de armas de fuego y lesiones leves.
La autoridad calificó como riesgo de fuga sólo el peligro efectivo y como peligro de obstaculización que los imputados puedan influir sobre testigos y la circunstancia de la necesidad haber sido trasladados vía aérea. Por lo que para los adultos mayores Octavio S. R. y Miguel Q. G. se impuso medidas sustitutivas, presentación periódica y presentación de 1 garante.
La Comisión de Fiscales no pudo demostrar probabilidad de autoría en los delitos de Resistencia a la Autoridad, Tenencia de Armas de Fuego y Lesiones Leves. No se demostró la supuesta emboscada que sufrieron miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la comunidad de Nuevos Horizontes. No se demostró que cocaleros utilizaron dinamitas, bombas molotov, piedras, palos e incluso un rifle calibre 22 para atacar a los policías y militares del grupo erradicador. Por no haber suficientes indicios en contra de los imputados menos individualización en su participación. Los abogados defensores de los beneficiados con medidas sustitutivas Omar Durán y Ricardo Maldonado establecieron ante la autoridad judicial que no existen suficientes indicios para la probabilidad de autoría en los delitos imputados. Al contrario, demostraron que son los 6 imputados, quienes fueron agredidos y que sometidos a la valoración médico forense tienen hasta 6 días de incapacidad. Actuando la Policía con abuso de autoridad.
El Ministerio Público no presentó la supuesta arma de fuego ni los explosivos a la juez. Dijeron que existe una contradicción porque la imputación señala rifle de aire comprimido, no arma de fuego. Asimismo demostraron que sus defendidos son de la tercera edad agricultores y personas pobres. Desvirtuando riesgos de fuga y obstaculización. Establecieron que no es viable la detención porque la pena asignada a los delitos imputados es menor a tres años.
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