30 predios con “tomatierras”

La Cámara Agropecuaria del Orienta (CAO) denunció que al menos 30 predios se encuentran intervenidos en el departamento de Santa Cruz por los denominados, “tomatierras”.

El presidente de la entidad cruceña, Freddy Suárez, hizo la denuncia ante los medios de comunicación en una reunión de prensa que ofreció el pasado 8 de marzo en oportunidad de una visita de medios de comunicación del país a las zonas agroproductivas del departamento.

El viceministro del Ministerio de Desarrollo Productivo y Tierras, Juan Carlos León, admitió este extremo y dijo que, “los avasallamientos de tierras se debe a que los responsables de estos hechos buscan tierras fértiles”.

Estos hechos estarían siendo impulsados por funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA. Esta grave acusación no es nueva. Julio Roda antecesor de Suárez también hizo similares declaraciones en el pasado reciente en torno a la comisión de este delito a manos de grupos delincuenciales.

El ex presidente de la CAO señaló hace un par de años que lo que buscan los responsables de las incursiones ilegales es apropiarse de bienes de los titulares de las tierras que son vendidos al mejor postor. Los denominados, “tomatierras”, incurren en las figuras penales de abigeato o estelionato.

Rodas en más de una oportunidad indicó también que los “tomatierras” utilizan el argumento de dotar tierras a sus seguidores para obtener apoyo de los mismos. León indicó que 6 por ciento de 106 millones de hectáreas tierras que están sujetas a saneamiento, tienen conflictos emergentes en algunos casos en demandas de nulidad de títulos ejecutoriados, interpuestas por organizaciones sociales que impulsan dichos recursos. La cifra es astronómica y representaría 6.3 millones de hectáreas en juego.

León señaló que el INRA tiene responsabilidad de sanear las tierras, pero que no establece los límites, ni las jurisdicciones municipales.

Directivos del empresariado privado cruceño consideran que no es coherente que mientras el Gobierno liberó exportaciones de cuatro productos (soya, café carne de bovino y azúcar) persistan acciones delincuenciales que ponen en riesgo la seguridad jurídica de la propiedad agroindustrial. Sin esa condición es improbable nuevas inversiones, señalaron.

El titular de la CAO, dijo en los últimos meses se reiteró al Ejecutivo la necesidad de ampliar el plazo de cinco a 10 años en lo que corresponde a la valoración de las autoridades en cuanto al cumplimiento de la Función Económica y Social de la Tierra, (FES). Otra preocupación de los líderes empresariales se refiere a las competencias de un viceministerio para revocar la validez de los títulos ejecutoriales gestionados con arreglo a la ley, en caso de ser negativa la evaluación de la FES, lo que sería un atentado a los sectores productivos que aportan con su producción a la seguridad alimentaria en Bolivia. Santa Cruz aporta con 70 por ciento de alimentos que se consumen en Bolivia.