El gobierno anunció el propósito de indultar a presos que se encuentran en las cárceles del país; lo hará seguramente tomando en cuenta diversos factores que ameriten la adopción de la medida. Las estadísticas que señala la información muestran que los beneficiados con indultos serán aquellos que hayan cumplido siquiera parte de sus sentencias; menciona que muchos no podrán acogerse a ello por la gravedad de los delitos cometidos.
El caso merece atención que, en lo posible, debería ser debidamente analizado, para no cometer injusticias o permitir que haya reos inmerecedores de tal beneficio. Lo preocupante en todo caso es que el anuncio se refiere al “total de 2.735 reos, que es el equivalente al 15% de un total de 17.946 personas privadas de libertad a nivel nacional, de los cuales solo 5.409 cuentan con una sentencia. Este total implica que el 30,14% tiene sentencia”. (ED 4/4/18)
Lo dicho por el Presidente de la República al anunciar el indulto reviste mucha gravedad, porque señala, además, que “los reclusos con retención preventiva alcanzan a los 12.537 que equivale a casi el 70 por ciento de los reclusos”. Esas “retenciones preventivas” significan, claramente, que no estarían ni en las puertas de juicios que les fijen una sentencia y todo por la ineficiencia de fiscales y jueces.
Pero los posiblemente favorecidos por los indultos (2.735 personas) tendrían sentencias ejecutoriadas y por ello, de acuerdo con diversas razones, serían indultados; entonces surge la pregunta: ¿Y acaso de los que están en situación de “retenciones preventivas”, muchos no estarían en condiciones de ser absueltos? Son diversas las razones y consideraciones por las que se daría el indulto; pero…
El problema es grave si se tiene en cuenta que no hay intención gubernamental para abarcar a presos que no tienen cargos, que los fiscales y jueces no pueden o no quieren atender, porque “son dispuestos por el gobierno”, sea por razones políticas, por actitudes y declaraciones contrarias al régimen y su partido, por acusaciones falsas, como en el caso de los asesinatos del Hotel Las Américas, de dirigentes cívicos y el más doloroso y grave el del exgobernador de Pando, Leopoldo Fernandez, que sufre prisión -en cárcel y arresto en domicilio- desde hace tanto tiempo. ¿Qué pasa con toda esa gente que no ha cometido delito alguno, pero sufre en la cárcel y en su momento persecución?
El indulto anunciado tendría también el objeto de descongestionar las cárceles que se encuentran colmadas. Es de esperar que muchos de los indultados no recaigan en el cometido de delitos por los que han sido juzgados y sancionados; las autoridades tendrán que establecer los controles precisos sobre los que han cometido faltas y delitos y que serán indultados. Y, además, ver los casos de quienes purgan cárcel siendo totalmente inocentes y, de no ser así, ¿por qué no se los juzga y presenta las pruebas de los delitos cometidos? El gobierno, por simple humanidad, tendrá que revisar mucho los pasos que dé y también resolver la tragedia de quienes soportan penas de cárcel sin culpa alguna.
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