Disponen que juez anticorrupción procese a excomandantes de Policía

En el caso penal por el asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes, en la localidad de Panduro el 25 de agosto de 2016, el juez séptimo cautelar de materia en lo penal, Héctor Quilla, se declaró incompetente para procesar a los excomandantes de la Policía de entonces –coronel José Luis Aranibar y general Rino Salazar–, y dispuso que los mismos sean cautelados ante un juzgado anticorrupción, de acuerdo con los documentos a los que accedió EL DIARIO.

Jalith Mariño, abogada de la familia Illanes, confirmó a nuestro medio, que dicha resolución de separación le fue notificada el pasado viernes, pero observó la resolución del juez Quilla, señalando que las víctimas nunca avalaron su determinación y lo único que pidieron, al conocer el incidente, fue que no se afecte el proceso de fondo y se actué en el marco de la ley.

“El día lunes (mañana) se va a presentar un memorial, solicitando la corrección de este párrafo (tercero). En relación a la resolución final, sobre la declinatoria de competencia, es evidente que hay una ley que señala que jueces son competentes (para procesar a funcionarios públicos como son los policías) y qué jueces no, por lo que no tenemos otra observación, mientras esta no afecte el desarrollo del proceso”, declaró la abogada.

Mariño aclaró que el caso por el asesinato de Rodolfo Illanes no se dividió en dos y que la determinación solo hace que los dos oficiales sean procesados por un juez especializado, con base a los mismas pruebas y declaraciones que se tiene en el caso que inició sólo contra mineros cooperativistas.

El excomandante departamental de La Paz, coronel José Luis Aranibar, y el excomandante nacional de la Policía, general Rino Salazar, son los dos jefes policiales imputados en este caso. La imputación contra ellos es por los presuntos delitos de incumpliendo de deberes y denegación de auxilio y ahora serán procesados por juez anticorrupción.

DOS IMPUTACIONES

En el caso de Aranibar, también fue imputado por el asesinato del minero Rubén Aparaya, muerto por disparo de arma de fuego durante el desbloqueo de la carretera La Paz - Oruro a la altura de la localidad de Panduro, el mismo 25 de enero.

Por declaraciones de los múltiples testigos, corroborados por el informe del defensor del Pueblo, David Tezanos, se conoce que el asesinato del cooperativista Aparaya (se investiga) por disparos de la Policía, fue lo que generó la ira de los mineros que luego arremetieron a golpes contra el viceministro Illanes, quien había sido secuestrado en horas de la mañana y murió cerca de las 18.30. Aparaya fue abatido en la carretera cerca de las 17.00 horas.

La Fiscalía imputó a Aranibar y Salazar luego de hallar indicios de que no atendieron los varios pedidos de auxilio hechos por Illanes, durante esa jornada y que incumplieron la orden de repliegue que había emitido el Gobierno luego de que en La Paz, el entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció que ya existía consenso para instalar el diálogo.

En agosto de ese año, los cooperativistas mantenían bloqueos en diferentes departamentos rechazando la modificación de la Ley de Minería que los obligaba a pagar beneficios sociales a sus dependientes.

Como antecedente, en febrero de este año el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, y el viceministro de Régimen Interior (sucesor de Illanes), José Luis Quiroga, protagonizaron una polémica y acusaciones por la legalidad de su trabajo.

Durante la misma, Blanco señaló a Quiroga como responsable de haber provocado la ira de los cooperativistas que luego acabaron con la vida de su mentor.

Según los antecedentes y la línea de investigación de la Fiscalía, al poner ante el juez anticorrupción a los dos oficiales, el Ministerio de Gobierno deja de ser considerado víctima y los funcionarios como Quiroga y el cuerpo de seguridad del exviceministro podrían ser incluidos en este caso.

Sin embargo, llama la atención la relación de fechas. El incidente de declinatoria de competencia fue presentado el 14 de febrero de este año, por el fiscal (suspendido por caso Banco Unión) Erlan Almanza. El juez Quilla notifica a la familia Illanes recién un mes después, el 23 de marzo. El 27 de marzo, el general en retiro, Rino Salazar presenta otra “excepción de incompetencia” ante el mismo juez, que no fue resuelto, pero sigue la misma línea. La resolución del juez Quilla, dando lugar a la separación de los policías, se emite dos días después, el 29 de marzo, pero se notifica con la misma a la familia, el 13 de abril.