Por más campañas que sean emprendidas, por más iniciativas que sean formuladas, por más sanciones drásticas que se anuncie, continúan los asesinatos a mujeres en el país. En el denominado “Día Internacional de la Mujer” -como si todos los días no fuesen de ella-, se ha mostrado estadísticas acerca de que en Bolivia, en los cuatro últimos años, se han producido 419 asesinatos a mujeres. Nuestras cifras internas señalan que en los primeros dos meses del año, son 28 los casos de mujeres que fueron asesinadas.
Según la estadística interna, 4.674 son los casos de mujeres que han sufrido maltratos por violencia intrafamiliar. Esos números casi con seguridad no responden a la verdad, porque muchos casos no son denunciados, sea por amenazas recibidas por las víctimas o, simplemente, por vergüenza y temor a represalias. Los asesinatos generalmente se producen por acciones de hombres cobardes y con malos instintos, que no contentos con ultrajar, descargar golpizas, herir seriamente a las mujeres, llegan al extremo de asesinarlas; en la mayoría de los casos, esas víctimas dejan niños huérfanos que, con seguridad, nunca recibirán el amor y las atenciones que solamente su madre puede prodigarles.
Hay leyes y otras disposiciones que establecen sanciones para quienes cometen violaciones y maltrato a mujeres; pero en muchos casos denunciados, los infractores apenas reciben “pequeñas amonestaciones de las autoridades policiales y judiciales” y reinciden en cualquier momento y cometen con mayor saña tales delitos con los que demuestran su cobardía, saña y malos instintos contra personas a quienes dicen “haber amado” y que en su mayoría son madres de sus propios hijos. Quienes están encargados de hacer justicia, no lo hacen porque responden a la mala organización y administración de justicia en el país y, en los casos que llegan a los estrados judiciales, los violentos luego de ser tomados presos y puestos bajo la cautela de un juez, reciben sentencias que muy luego son reducidas a semanas o días y vuelven a cometer delitos, como la violación y maltrato, hasta llegar al asesinato de sus víctimas.
Tanto las autoridades judiciales como las policiales hacen poco o nada para reprimir estos crímenes y no hay quien las obligue a que cumplan con lo que establecen las leyes; entretanto, la comunidad está permanentemente amenazada por lo que pudiese ocurrir con sus hijas, hermanas y otros familiares expuestos a asaltos, golpizas, secuestros, violaciones y otros delitos. La Policía, como siempre, se limita a decir: “Se está investigando”; por su parte, parecería que no existen fiscales que dispongan investigación terminante de lo que ocurre y, por supuesto, no faltan jueces que siempre son renuentes a “tratar casos difíciles, como es el de asesinato” que se comete contra mujeres. ¿Será posible poner freno a la carrera de criminalidad desatada en el país?
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