De acuerdo con el seguimiento realizado por EL DIARIO desde la muerte del bebé de ochos meses Óscar Alexander Ch. V., se verificó una serie de irregularidades registradas que la Fiscalía ha negado responder a lo largo de todo el proceso, excusándose en la reserva judicial utilizada bajo el pretexto de proteger la imagen del menor.
En orden cronológico, las irregularidades iniciaron el mismo 13 de noviembre de 2014 cuando la forense del IDIF, Ángela Mora, se presentó en el Hospital Juan XXIII y haciendo caso de las consideraciones del pediatra Roberto Gumiel realizó un informe forense, señalando la violación.
El referido informe fue rebatido 15 días después por una junta médica del mismo IDIF y su colega con más de diez años de experiencia, María Terán, quien descartó que el menor haya sido víctima de violación y que las causas de la muerte, visualizadas por un profuso sangrado por la región anal, eran otras.
En entrevistas exclusivas, los médicos acusados Jhiery Fernández, José Luis Delgadillo, Sandra Madeni, así como con la enfermera Lola Rodríguez, y la “mamita” o cuidadora del menor Madelen Paola Pahe Chambi (19), entre la gran cantidad de testigos e implicados que fueron entrevistados por EL DIARIO, brindaron una relación de hechos distintos a los que propusieron los fiscales Edwin Blanco y Susana Boyan.
SOBRESEIMIENTOS
El 13 marzo, el fiscal Leopoldo Ramos emitió órdenes de sobreseimiento en favor de seis imputados y redactó un memorial anunciando que el caso no podía proseguir sin pruebas de la supuesta violación.
En juicio, Blanco, actual fiscal departamental de La Paz, fue acusado ante los jueces de tratar de extorsionar a la enfermera Rodríguez, hecho que nunca se investigó al igual que sus visitas irregulares a testigos y acusados a quienes, según afirmaron, trató de coaccionar para que se inculpen, como fue el caso del médico Fernández en su celda de San Pedro.
En febrero de 2015, el periodista de EL DIARIO, Carlos Quisbert, preguntó a Blanco sobre el interrogatorio al que sometieron a una paciente del médico del Instituto de Rehabilitación Infantil (IRI) donde ingresaron sin orden del juez y sin permiso del Gobierno Departamental de La Paz, negando dar una explicación.
El domingo 8 de marzo de ese año (según el informe del capitán Jimmy Gonzales, gobernador del centro de rehabilitación juvenil de Qalauma) el fiscal ordenó la aprehensión del periodista de EL DIARIO y en complicidad de la juez Lorena Camacho fue remitido al penal de San Pedro, por intentar entrevistar a la niñera de Alexander, Madelen Pahe.
INTERFERENCIA DE FISCAL GENERAL
Según mensajes de texto revelados después, el fiscal general Ramiro Guerrero instruyó la apertura de un proceso, señalando que EL DIARIO era el medio que más había criticado la investigación.
Dos semanas después, el Colegio Médico de La Paz, reveló los primeros resultados genéticos del IDIF que negaban que el médico haya tenido contacto alguno con el menor y que los certificados forenses de Cristian Vargas y Mora tenían errores.
El 21 de mayo de ese año, la exfiscal departamental de La Paz, Patricia Santos, aseguró que el Fiscal General era responsable de direccionar la teoría de la violación.
Ya en juicio, los forenses Ángela Mora y Chistian Vargas eran presentados “como testigos” para evitar que peritos externos interroguen a ambos por las falencias en sus informes.
El 06 de abril de este año, la juez Patricia Pacajes no solo reconoció las amenazas que a lo largo del juicio había vertido la fiscal Boyan contra testigos, investigadores y el mismo tribunal, sino también admitió que no existe prueba científica en contra del médico Fernández.
A pesar de todos los antecedentes, Fernández fue sentenciado a 20 años de prisión, la enfermera Rodríguez y la médico residente del Hospital del Niño, Sandra Madeni a dos años por supuesto incumplimiento de deberes y encubrimiento de un crimen que, con pruebas documentales el Colegio Médico asegura nunca se cometió y la Fiscalía nunca investigó las verdaderas causas de la muerte del bebé Alexander.
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