12 leyes y disposiciones obligan difusión gratuita de propaganda oficialista

A tiempo de denunciar que los medios de comunicación independientes del país sufren persecución tributaria, un conjunto de 12 leyes y decretos obligan la difusión gratuita de propaganda gubernamental, alertó ayer la Asociación Nacional de la Prensa, de acuerdo con declaración de su titular Marcelo Miralles, quien dijo que la crisis en que están sumidos los medios no alineados con las políticas oficiales golpea a las empresas empujándolas a su cierre.

En ese ámbito denunció también la pretensión del Gobierno de imponer nuevas cargas sobre los esmirriados presupuestos de muchos medios de comunicación para financiar un seguro de vida destinado a periodistas.

Señaló que sindicalistas con afinidad política con el Gobierno están impulsando el pago de un nuevo impuesto destinado a un fondo privado que representa al 1 por ciento del total de los ingresos reales y efectivos de los medios y equivalente a un tercio del Impuesto a las Transacciones (IT) bajo el argumento de crear un seguro de vida para periodistas, que cuestionó por su falta de transparencia.

CIERRE DE EMPRESAS

Advirtió que, “este nuevo golpe determinará el cierre de medianas y pequeñas empresas de noticias y en lugar de garantizar el mencionado seguro, concluirá con el cierre de medios de comunicación”.

“La organización que represento calificó de irracional la aplicación del referido aporte, señalado en el artículo 6 de la inconstitucional Ley 554”, manifestó. Similares preocupaciones fueron vertidas también por, Pedro Rivero, director ejecutivo dLl periódico El Deber de Santa Cruz, quien estuvo junto a Miralles en un foro realizado ayer en las instalaciones del Club de La Paz.

PROPUESTA

Según relató Miralles la ANP propuso la contratación de un seguro de vida exclusivamente para los dependientes de cada medio impreso, con mejores condiciones de cobertura para los asegurados, una inversión menor, viable y con una sostenibilidad garantizada para las empresas, habiendo descartado la administración de los recursos mediante un inconstitucional fondo privado.

ASFIXIA ECONÓMICA

Acto seguido Miralles, refirió las políticas gubernamentales dirigidas a debilitar y asfixiar a los medios de comunicación mediante la asignación de millonarios recursos publicitarios para los medios afines al poder Ejecutivo.

Una de las medidas más constrictivas fue la norma número 12 que obliga a los medios a publicar avisos gratuitos generando altos costos adicionales, sin ninguna compensación económica. El referido decreto obliga a los canales de televisión a que difundan mensajes del Ministerio de Justicia durante 15 minutos al mes. Las radioemisoras incluirán en su programación 25 minutos y los diarios un mínimo de una página mensualmente.

“Es un atentado contra la libertad de prensa ya que si continúa esta tendencia llegará el momento en que no existan espacios para difundir noticias en los medios impresos”, explicó el titular de la ANP, quien calificó que las 12 normas son inconstitucionales porque nadie puede ser obligado a prestar un servicio sin su consentimiento y justa retribución como lo señala el artículo 46 de la Constitución”, precisó.

PERSECUCIÓN FISCAL

Por otro lado, la ANP denunció asimismo que tras la publicación de noticias incómodas para el Gobierno, agentes de la administración tributaria visitan las casas periodísticas con la finalidad de hallar errores en el pago de tributos, y en muchos casos aplican sanciones económicas arbitrariamente.

Ello ocurrió ¨- recordó- con el sector médico el mismo que luego de 47 días de paro y la derogatoria de un artículo del fallido Código del Sistema Penal comenzaron a sufrir acciones persecutorias por parte de personal subalterno de impuestos.