• El Colegio Médico, Derechos Humanos e Instituto contra la tortura sostienen que en el caso se vulneraron los derechos del médico Jhiery Fernández
Tres instituciones relacionadas a los derechos humanos y el Colegio Médico de Bolivia (CMB) coincidieron en señalar que el juicio por la muerte del bebé Alexander (13 de noviembre de 2014) vulneró los derechos del médico Jhiery Fernández y piden auditoría jurídica y anulación del proceso, luego de que los estudios revelaron que el galeno fue víctima de tratos inhumanos y degradantes por parte del Estado.
Hasta la fecha, el fiscal general, Ramiro Guerrero, no ha realizado ningún pronunciamiento sobre las acusaciones en su contra, mientras los representantes del Colegio Médico de Bolivia (CMB) han desmentido las declaraciones del fiscal departamental, Edwin Blanco, y su colega Susana Boyan.
El miércoles pasado, el CMB presentó varias pruebas genéticas que respaldan la inocencia de su colega Fernández, acusado de la supuesta violación en contra del menor.
Luego de que los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia determinaron 20 años de cárcel a contra el médico, el asesor jurídico del Colegio Médico, Sergio Pérez, anunció que en coordinación con la defensa de Fernández solicitará una auditoría jurídica al caso, para demostrar que se cometió una injusticia contra el galeno que fue sentenciado por delito de violación, hecho que permanece en duda.
FALLAS EN PERICIAS
Pérez afirmó que la auditoría jurídica podría determinar “fallas tan sencillas como las pericias”, realizadas por el Ministerio Público que no muestran elementos suficientes para condenar a Fernández.
Por otra parte, en una postura más drástica, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de La Paz pidió a las autoridades judiciales anular todo el proceso calificado de “amañado”.
“La APDH rechaza la vulneración de derechos del médico Jhiery Fernández dentro del caso del bebé Alexander, exige la anulación de ese amañado proceso hasta el vicio más antiguo y demanda la inmediata libertad (del galeno) para que se defienda dentro de un proceso justo”, señala un comunicado de la APDH.
Asimismo, la jornada de ayer, el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI) reveló, mediante un informe, que Fernández fue víctima de tratos crueles inhumanos y degradantes por parte del Estado al no respetar la presunción de inocencia y condenarlo a 20 años de prisión en un juicio que tampoco respetó las exigencias de un juicio oral y contradictorio.
INVESTIGACIÓN NO FUE SERIA
El ITEI como varios medios de comunicación corroboró que no hubo una investigación seria previa a la detención de Fernández y tras ella tampoco se encontró ninguna prueba que demuestre algún tipo de responsabilidad. “Un caso tan mediático, que da cuenta de un crimen verdaderamente atroz, exigía un culpable. Es por eso que se deberían haber tomado todos los recaudos necesarios con tal de encontrar a la verdadera persona responsable, comenzando por una debida investigación científica”, se lee en el documento difundido por la institución.
En esa línea, Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz, fue más claro y respaldando la defensas de su colega sustentado en que en el juicio la forense María Ángela Terán descartó que el bebé Alexander haya sido víctima de violación y que las causas de la muerte del infante nunca se investigaron.
En segundo lugar, sobre la base de los informes genéticos, señalan que el Fernández nunca tuvo contacto con el menor, además que los registros de llamadas y los testigos confirman que nunca estuvo en el lugar de los hechos.
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