¿Controlan el cumplimiento de penas de cárcel?

Es la pregunta que desde mucho tiempo atrás se hace la ciudadanía, la cual no comprende cómo delincuentes que fueron denunciados por las víctimas y capturados gracias a la policía y previas investigaciones de sus antecedentes delictivos han pasado a la Justicia Ordinaria para sus procesos judiciales, no estén en las cárceles. Tal vez porque solo algunos de ellos han recibido sentencias que van desde “3 a 30 años de presidio, sin derecho a indulto”. Por otra parte es de lamentar que en gran parte “las detenciones preventivas han quedado congeladas y no se sabe hasta cuándo”.

Pero sorprendentemente algunos reos que supuestamente estaban cumpliendo sus sentencias carcelarias, fueron vistos andando libremente por las calles, y no se sabe desde cuándo, volviendo a delinquir. Al ser nuevamente denunciados y aprehendidos por la policía, de inmediato constataron que eran “reincidentes”. Es que gobernadores de recintos carcelarios se han visto obligados a poner en libertad a delincuentes, por órdenes de algunos jueces y fiscales, como consta en sus respectivos registros. Por ello, lamentablemente, se han convertido las cárceles en simples alojamientos públicos, donde así como entran, también salen. Y para el colmo, al ser recapturados por la policía, y ante la pregunta de por qué estaban fuera de la cárcel, respondieron con desfachatez “que habían sido puestos en libertad, por haber demostrado un buen comportamiento”, lo que jurídicamente constituye desconocimiento de las leyes bolivianas. Por lo tanto, se impone iniciar los procesos administrativos contra todos los involucrados y dar curso a destituciones y las sanciones legales correspondientes.

A pesar de todo lo anterior, llama poderosamente la atención de la ciudadanía y de las miles de víctimas el silencio de las altas autoridades de justicia, que supuestamente nunca leen periódicos, no escuchan informativos radiales, ni ven los noticieros de la Tv nacional para enterarse del mal accionar de jueces y fiscales. Esto en el fondo es un aliciente para los delincuentes, que al paso que vamos ya se han convertido en multi-reincidentes.

Y para finalizar, la ciudadanía, así como las autoridades policiales y las víctimas consideran que no hay “mal que por bien no venga”, y se impone la digitalización de toda la documentación existente del Poder Judicial, para que ante la denuncia de una irregularidad, de haberse cometido una injusticia en algún proceso judicial, o que algún funcionario del Poder Judicial se haya sobrepasado en sus competencias, éstas sean de inmediato verificadas. No es así en el presente, cuando se hace una revisión manual de la documentación correspondiente, en archivadores de palanca o en amarros de documentos, guardados en cajones de cartón o en gangochos, para que pasados algunos meses lleguen a la conclusión de que esos procesos y expedientes originales ya no existen o habrían sido comidos por los ratones. ¿Verdad que sí?