518 casos de violación a la libertad de expresión

La situación de los medios de comunicación en Venezuela es cada vez más preocupante, durante la última década se registraron 518 casos de violaciones a la libertad de expresión, 57% más que el año 2016 y existen más de 70 juicios penales contra periodistas, señaló la directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela), Marianela Balbi.

El 74% de los ataques a periodistas y medios de comunicación en Venezuela fueron cometidos por funcionarios que desconocen compromisos internacionales asumidos por su gobierno, el hostigamiento a la labor periodística reporta cierre de al menos 54 medios y durante el 2009 se clausuraron 32 radioemisoras.

“Llevamos 15 años analizando la situación de los medios en Venezuela y hemos visto con mucha alarma las condiciones en las que trabajan los periodistas, éstas fueron empeorando producto del hostigamiento, de la violencia contra los periodistas y el intento por frenar el oficio”, afirmó a experta.

LEYES REPRESIVAS

La implementación de estas acciones represivas ya se evidenció desde el gobierno del extinto Hugo Chávez, el 2007 se clausuró Radio Caracas Televisión, uno de los medios de comunicación emblemáticos de Venezuela, el cual fue fundado el 15 de noviembre de 1953.

A partir del cierre de esa televisora se agudizó la represión contra los medios de comunicación y los periodistas. Balbi indicó que se presentó una “acción más perversa”, una estrategia diseñada para crear leyes restrictivas, como la Ley de Responsabilidad Social de Radio Televisión y Medios Electrónicos, vigente desde el 7 de diciembre de 2004; Ley de Telecomunicaciones (2014) y la Ley Contra el Odio promulgada el 8 de noviembre de 2017 que establece de entre 10 a 20 años de cárcel.

“A raíz de tal situación hubo el cierre de 54 medios de comunicación masiva y sucede la clausura de 32 emisoras el 2009, la estrategia era concentrarse en un medio importante o en un circuito radial importante y desde allí organizar la emisión”, detalló Balbi.

ASFIXIA

El gobierno de Nicolás Maduro encontró formas de acallar a los medios de comunicación el 2013 comenzó la crisis. Eliminó el subsidio de papel prensa a los medios de comunicación escrita, entre agosto del 2013 hasta febrero de la presente gestión dejaron de circular 35 diarios, 18 de manera definida y el resto paralizaron sus operaciones por lapsos.

El Gobierno venezolano creó la Corporación Maneiro que está encargada de la importación y distribución del papel prensa, esta entidad lo entrega a los medios impresos bajo condiciones.

En el caso de las radios y estaciones de televisión, se implementa una discrecionalidad a la hora de entregar concesiones o trámites administrativos. Estos medios no pueden transmitir en vivo las protestas de la población, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones restringe estas emisiones porque genera zozobra e incita la violencia.

“Los periodistas en Venezuela, sobre todo los medios radio eléctricos no pueden hacer cobertura en vivo de protestas, cuando eso pasa hay un recrudecimiento de la violencia contra los trabajadores del gremio. Muchos de ellos son agredidos e incluso detenidos por la policía”, relató Balbi.

Pese a estas acciones represivas, periodistas independientes del vecino país optaron por crear plataformas virtuales para la difusión de información, además de usar las redes sociales. Empero este sector también está siendo afectado por el bloqueo de estos portales y los ciberataques.

La “Ley Contra el Odio” está enfocada en el control de redes sociales, es una ley anticonstitucional, establece la eliminación de los contenidos en las siguientes 6 horas de su publicación, hay una forma de definir los discursos que se publicarán.

PROCESOS

Por último, entre los últimos años se registraron 70 juicios penales contra periodistas, Los editores del portal de periodismo de investigación Armando.info, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, y el redactor Roberto Deniz fueron demandados por el empresario Alex Saab por supuesta difamación agravada continuada e injuria agravada, delitos que son penados en Venezuela con prisión de entre uno y seis años.

Los afectados hicieron un reportaje donde revelaron irregularidades en la importación estatal de alimentos en el que estaría involucrado el régimen de Nicolás Maduro.

El último de los casos fue del fotógrafo Héctor Pedraza, detenido por hacer imágenes en una protesta contra Nicolás Maduro en Maracay.