Cuestionan a Defensoría por caso “bebé Alexander”

La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de la Alcaldía de La Paz se opuso al esclarecimiento de las verdaderas causas de la muerte del menor en el caso denominado “Bebé Alexander”, los abogados de la entidad municipal asistieron al juicio "por consigna", afirmaron familiares del médico Jhiery Fernández.

Félix Fernández, padre del médico que fue sentenciado a 20 años de cárcel por la supuesta vejación del menor, expresó su indignación por las declaraciones la Directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la comuna paceña, Consuelo Torrez, quien aseguró a El Diario que “se restituyó el derecho” del Alexander.

“Si tú me preguntas, si hemos restituido el derecho de Alexander, yo te diría que sí, porque más allá de haber sido violado el niño, ha perdido la vida, era un niño que estaba en un centro de acogimiento y quien tenía la responsabilidad del cuidado y al protección en este caso, era la Gobernación (de La Paz)”, afirmó Torrez.

La directora de la Defensoría de la Niñez, refirió también que se constituyeron en querellantes y estuvieron presentes en todas las acciones judiciales.

Asistieron por “consigna”

En criterio de los familiares de Jhiery Fernández las declaraciones de Torrez fueron “por cosnigna”, actitud que la pone en evidencia más aún cuando el Colegio Médico de La Paz presentó pruebas genéticas que descartan que el menor haya sido víctima de violación. Luis Larrea, presidente del cuerpo colegiado, respaldado por informes genéticos y señalando justicia para Alexander, afirmó que se condenó sin prueba científica a una persona inocente.

DEFENSORÍA NO LO DEFENDIÓ

“En primer lugar los abogado de la Defensoría nunca presentaron querella, esta señora debería bajar a informarse, nosotros nunca los vimos velando el derecho del niño, sino que sus abogados se presentaron sólo para salvar su imagen y decir que estaban haciendo algo en el caso”, afirmó Félix Fernández.

La funcionaria municipal, que negó referirse a la situación del médico Fernández, deslindó responsabilidad sobre la presentación y valoración de las pruebas indicando que era atribución del Ministerio Público y el Tribunal que dictó la sentencia.

A su turno, Mónica Palma, abogada del galeno, aseguró que los abogados de la Defensoría, la Gobernación, el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) y el Ministerio de Justicia nunca cumplieron un trabajo independiente y se “adhirieron” a la posición de la Fiscalía.

“Estas instituciones, nunca revisaron las pruebas, los abogados se sentaban y la única función que cumplieron era oponerse a todo lo que la defensa de los acusados quería demostrar en juicio, si el Ministerio Público se oponía a alguna solicitud de la defensa, los señores en coro repetían esa oposición, nunca hicieron nada distinto”, afirmó Palma.

RESERVA IMPIDIÓ TRANSPARENCIA

Por otra parte, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de La Paz, considera que haber declarado “reserva” en el juicio oral impidió a la población y a la prensa conocer la calidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía y por la defensa.

Mediante un comunicado, la APDH afirma que en este caso se atentó contra la integridad física, psicológica, la honra y dignidad de Fernández.

“Esos elementos nos mueven a plantear que el proceso judicial contra Jhiery Fernández, y por extensión contra las coacusadas Sandra Madeny y Lola Rodríguez, estuvo plagado de irregularidades y vulneración de sus derechos”, indica el comunicado.

Con relación a las declaraciones de Torrez, Palma aseveró que ése es el discurso más lógico para su institución, pero para la defensa del médico existe base científica para desvirtuar la supuesta violación.

Palma, aseveró que si deben hablar de derechos, cuestionan que en los tres años que duró este proceso y el médico permaneció detenido en la cárcel de San Pedro, ninguna institución del Estado se preocupó de los derechos de Fernández, a pesar de las constantes denuncias de irregularidades.