Detención domiciliaria para alcalde de Cochabamba

El juez de turno de la Estación Policial (EPI) Norte, Luis Fernando Pérez, determinó la detención domiciliara con custodia policial y fianza de Bs 200 mil para el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, en el proceso iniciado en su contra por la presunta irregular compra de mochilas escolares.

La determinación judicial fue dictada tras una audiencia que duró más de ocho horas y con la vigilia de cientos de seguidores en afueras de la entidad judicial, quienes en medio de estruendosos petardos manifestaron su apoyo al alcalde cochabambino durante todo el acto que se prolongó por más de ocho horas.

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso los argumentos por los que el juez debía determinar la detención preventiva de la autoridad edil, mientras que la defensa de Leyes logró sustentar sus argumentos respecto del ningún riesgo o interferencia en el proceso de investigaciones.

Leyes fue imputado por el Ministerio Público luego de que la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina, denunciara la supuesta compra de más de 91.000 mochilas escolares con supuesto sobreprecio que supera los Bs 10 millones en una dudosa adjudicación a la Sociedad Accidental “26 de Febrero”.

DEFENSA MATERIAL

En el transcurso de la audiencia cautelar, el alcalde José María Leyes, decidió asumir defensa material donde aseguró que el pasado 5 de abril instruyó la investigación de la denuncia, además de señalar que “en fecha 10 de abril mi persona instruye a la Secretaría Financiera que no se pague, determinó la suspensión del pago de ese contrato, cumpliendo los deberes que el Ministerio Público, ahora me reclama”, remarcó Leyes.

Explicó que su instrucción de no proceder con el pago a la importadora “26 de Febrero”, precisamente, buscaba evitar daños al Estado, por lo que el contrato ha sido resuelto en cumplimiento de la ley 1178 que faculta a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) adoptar la medida preventiva.

Durante la sustanciación de su defensa material Leyes entregó al juez un cúmulo de documentos entre los que prueba su disposición de investigar la denuncia y la suspensión del pago, además de los registros de la licitación pública que verifica el sistema de compras públicas, SICOE.

“Mi persona no ha sido unidad solicitante en la licitación, no ha preparado el documento base de contratación, ni del proceso de contratación, al haber suspendido cualquier pago no tengo ninguna responsabilidad, más aún cuando el contrato ha sido resuelto y la resolución ha sido aceptada por la otra parte”, remarcó en una parte de su intervención.

No obstante, durante la audiencia, la Fiscalía aseguró que existían indicios suficientes para demostrar la responsabilidad de Leyes en el presunto sobreprecio de 10 millones de bolivianos (El Diario- Agencias)