Empresa privada del país se declaró en emergencia

La empresa privada del país se declaró ayer en emergencia al advertir, “tendencias deliberadas” del Gobierno para afectar la propiedad privada, los emprendimientos productivos y la generación de empleos dignos, teniendo en cuenta, además, que no están presentes en sus prioridades ni en sus decisiones contraproducentes para el país. Todo ello considera el sector empresarial como confiscatorio.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, justificó tal situación, por el incremento salarial de 5,5% al salario básico y 3% al mínimo nacional, acordado por el Gobierno con la Central Obrera Boliviana (COB).

Otro motivo de sus preocupaciones es la futura implementación de la Ley de Empresas Sociales, razón por la que los empresarios decidieron reconsiderar su actual relación con el Gobierno nacional.

“La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ingresará en un proceso profundo de reflexión sobre nuestro relacionamiento con el Gobierno nacional, teniendo en cuenta que no estamos presentes ni en sus prioridades ni en sus decisiones”, argumentó Nostas en una rueda de prensa.

GASTOS

Las medidas sociales acordadas entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) representan un gasto para el sector privado de 680,6 millones de dólares, por la aprobación del incremento al haber básico y al mínimo nacional, además de una posible erogación para el doble aguinaldo, así como el bono de antigüedad.

Nostas dijo que las consecuencias de las medidas asumidas la noche del miércoles por el Gobierno representa un gasto de 680,6 millones de dólares, que el empresariado del país deberá asumir, lo que representa incrementar en forma considerable los costos laborales.

CIFRAS

El dirigentes empresarial detalló que para el incremento del 5,5 por ciento al haber básico representa la suma de 268,5 millones de dólares; el aumento del 3 por ciento al mínimo nacional, significa 4,5 millones de dólares; el doble aguinaldo, en caso de concretarse, 406,6 millones de dólares. Todo ello repercute en el bono de antigüedad de forma directa, con lo que registra una demanda adicional de 1,1 millones de dólares.

Si se agrega a esas erogaciones empresariales los subsidios prenatal y natal la suma se incrementa mucho más, tomando en consideración que estas dos últimas obligaciones representan la erogación de 177,5 millones de dólares.

“Toda medida asumida por el Gobierno debería tomar tres variables: la estabilidad del empleo, la generación de nuevas fuentes de trabajo y el desempleo”, advirtió el directivo empresarial.

Asimismo, la posición oficial de la CEPB, respecto al proyecto de Ley de Empresas Sociales, sostiene que la propuesta es una virtual confiscación de la propiedad privada, incluso pone en riesgo la vivienda de pequeños empresarios que operan desde sus hogares.

INDUSTRIALES

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) manifestó ayer su disconformidad con el acuerdo alcanzado entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno Nacional en materia salarial y lamentó, “que el sector empresarial haya sido una vez más desoído en sus planteamientos sobre el ajuste salarial 2018 y que el mismo se acuerde por una presión irresponsable de la COB que, en última instancia, implicará el deterioro de la productividad industrial, el incremento del desempleo y un mayor déficit fiscal”.

“La mayor preocupación para el sector empresarial, no obstante, es el anuncio del pago por concepto del segundo aguinaldo en 2018, no sólo porque no se cuenta con una base de cifras ciertas sobre el PIB, sino, fundamentalmente, porque es completamente inadecuado el utilizar la tasa de crecimiento del PIB como un indicador de las posibilidades de las empresas de afrontar una carga económica de tamaña envergadura, cuando las realidades por región, rubro y tamaño son totalmente heterogéneas. Este anuncio es un detonante que afecta al clima de inversión, producción y generación de empleo formal”, señaló Horacio Villegas, presidente de los industriales de Bolivia.