El Estado boliviano, ahora plurinacional y antes República, con excepción de los diez años de gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz, ha sido y es considerado un Estado entre los más pobres de Sudamérica, y pese a algunos avances en cuanto a los índices macroeconómicos, seguimos siendo un país pobre, no obstante los altos precios de las materias primas que exportamos, como minerales e hidrocarburos, que en los pasados diez años se elevaron considerablemente y, como “nunca antes”, los ingresos al tesoro público fueron importantes. Sin embargo los índices de pobreza siguen siendo importantes, en especial por el nivel de “Desarrollo Humano”, que es uno de los más bajos de Latinoamérica.
El gobierno y algún organismo internacional que tiene que ver con la economía del mundo han destacado los niveles de crecimiento del Estado, pero este resultado no es sino de una operación matemática casi elemental, dividir la suma de ingresos por el número de habitantes, lo que nos da el PIB y a partir de esa cifra la tasa de crecimiento. Otra cosa es medir el desarrollo humano a partir de las variables de educación, salud, empleo, salarios etc.
La realidad de nuestra sociedad es que seguimos siendo pobres, y basta ver a las indígenas potosinas en las urbes citadinas, extendiendo la mano en procura de unos centavos, en estos doce años de gobierno socialista-indigenista. Basta escuchar en los medios audiovisuales a cientos de personas -en especial mujeres madres- que piden ayuda para procurar salvar a sus hijos o a sí mismas, de enfermedades o males físicos, pues carecen de recursos económicos para cubrir los gastos médicos. Basta ver a cientos de niños en las calles, trabajando y ofreciendo todo tipo de mercancías, cuando deberían estar en las escuelas, adquiriendo conocimientos para enfrentar los desafíos de la vida. Basta ver casi todos los días las calles de las principales ciudades, y en especial de la sede de gobierno, llenas de gente de diversos sectores sociales, reclamando algún derecho colectivo que les aflige. Finalmente, basta enterarse de la cantidad de compatriotas que han migrado, en procura de mejores condiciones de vida, y los miles de subempleados o desempleados que peregrinan por subsistir.
Por otro lado vemos a diario una política de despilfarro del gobierno, que parece alejada de toda realidad en la que vivimos la mayoría de los bolivianos, con gastos superfluos o de poco interés social, comenzando con los viajes del presidente-candidato, que se traslada a otro continente, como nosotros nos trasladamos de un barrio a otro, el último de los pasados días para reunirse con el nuevo gobernante cubano. Nos preguntamos: ¿que nos compra la isla de los Castro? ¿Cuál es el volumen de relaciones económicas, comerciales o sociales con La Habana?
La diputada Franco denunció que 7 cárceles de Cochabamba reciben anualmente 1 millón 200 mil bolivianos, mientras en los actos de homenaje al ex guerrillero argentino-cubano Che Guevara, se gastó 700 mil bolivianos. El presidente-candidato ha obsequiado 10 vehículos para uso de los miembros del directorio de la Central Obrera Boliviana (COB), por supuesto que con recursos de todos los bolivianos, cuando las normas de administración y control fiscal prohíben el traspaso de recursos públicos a particulares, sean en efectivo o bienes. Los palacios presidenciales y vicepresidenciales costarán más de 50 millones de dólares, y la sede del parlamento de Unasur en Cochabamba, en franca disolución, por repliegue táctico de seis países, ha costado 430 millones de bolivianos (incluyendo la carretera de acceso). En fin, una millonada de recursos financieros, mientras la pobreza, el acceso a la salud, educación, empleo, etc., es la muestra de la realidad de nuestra patria.
El Estado no tiene unos pocos millones de dólares para adquirir un “acelerador lineal” para atender a los enfermos de cáncer en la sede de gobierno, y el Ministerio de Salud anuncia que la compra tardará dos años. Ese mismo equipo hace quince años ya existía en el Hospital Oncológico de Tiquipaya en Cochabamba, y prestaba servicios aun a gente que venía de algunos países vecinos. Esto nos muestra que para un caso de importancia colectiva, como es la salud pública, el Estado está pobre, pero para otros, se dispone de millonarios recursos.
El autor es abogado y politólogo.
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