Empresarios privados y aumentos salariales

Año tras año, el gobierno se ve impelido a disponer incrementos salariales para la burocracia gubernamental y que también rigen para alcaldías, gobernaciones y entidades descentralizadas. Lo grave es que las disposiciones, no obstante que la situación es diametralmente diferente, toman en cuenta al empresariado privado que, según las autoridades, debe acatar la disposición de aumentar sueldos.

Muchas veces se ha sostenido, mediante los medios de comunicación, que los porcentajes aprobados por el gobierno para su sector no deberían ser de cumplimiento obligatorio para el sector privado. En todo caso, hay que convenir en que los aumentos que son dispuestos tomando en cuenta al sector privado son irracionales, porque en ningún caso todas las empresas son similares, ni tienen las mismas posibilidades.

Las empresas privadas funcionan de acuerdo con sus reales posibilidades y últimamente muchas en condiciones bastante desfavorables y por ello no se debe tratar a todas bajo los mismos parámetros. Las empresas medianas y pequeñas no tienen solidez económica y, casi en su generalidad, no tienen las condiciones para incrementar sueldos; tal vez los bancos tengan posibilidades para hacer aumentos porque son entidades sin dificultades financieras.

El empresariado privado mediano y pequeño no cuenta con los medios precisos; por el contrario, en la mayoría de los casos, vive al día y evita contar con mucho personal para no sufrir las cargas de aumentos, incremento de beneficios sociales y hasta el “doble aguinaldo” que se le ha ocurrido disponer al gobierno tan solo por razones electoralistas. La empresa mediana y chica contrae deudas con los bancos para continuar operaciones que encuentran siempre dificultades, tanto por las presiones tributarias como por las consecuencias del contrabando, que se ha convertido en seria competencia para el capital privado mediano y pequeño.

Lo racional y consciente es no exigir que todo el sector privado cumpla con los aumentos salariales dispuestos por el gobierno, sin tomar en cuenta las reales posibilidades de cada una de las empresas. En ningún caso se debería tratar bajo los mismos parámetros a todas las empresas, con inclusión de las medianas y pequeñas. Hacerlo resulta injusto y hasta atentatorio porque muchas empresas se ven, con los nuevos incrementos, ante la urgencia de disminuir producción y hasta cerrar operaciones, porque sus posibilidades así lo determinan.

El gobierno debería estudiar muy bien estos casos y no disponer que todos, sin distinción alguna, cumplan disposiciones arbitrarias que son atentados a la producción y al empleo. Se debe entender que el sector público es uno, y otro, muy diferente, el privado que se ve amenazado casi permanentemente por las demandas tributarias y por incrementos salariales no previstos e irracionales. Cuidar el empleo a través del crecimiento de las empresas debería ser objetivo fundamental de las autoridades.