Suben a 42 muertos por represiones en Nicaragua

Managua.- La cifra de muertos en las manifestaciones en contra de la administración de Daniel Ortega en Nicaragua creció a 42, mientras se confirma que existe desplazamiento forzado entre los jóvenes, informó ayer el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

“Tenemos confirmados 42 fallecidos, y 3 por constatar”, dijo a EFE una integrante del CENIDH, Meyling Sierra.

Aunque otras organizaciones defensoras de los derechos humanos han informado de hasta 63 muertos, basados en listas oficiales y no oficiales, los datos del CENIDH son más conservadores debido a que no incluyen a nadie mientras sus expertos no contrasten las fichas de las víctimas, verifiquen el cuerpo y su familia las reconozca.

Aunque el último dato sobre desaparecidos que ofreció el CENIDH fue de 48, Sierra advirtió que el mismo es ahora más incierto que nunca, debido a que hay “desplazamiento forzado”, considerado como una grave violación a los derechos humanos, ya que los desplazados tienen que emigrar de ciudad o país.

DESPLAZAMIENTO FORZADO

“Hay desplazamiento forzado, sobre todo de los jóvenes que participaron en la manifestación, ellos tienen temor a represalias, ni siquiera se atreven a poner una denuncia”, afirmó Sierra a EFE.

La integrante del Centro de Derechos Humanos sostuvo que incluso las mismas familias de los jóvenes los han obligado a ocultarse lejos de sus casas.

Además, la crisis que atraviesa Nicaragua cumple ayer once días, en los cuales Ortega ha visto una reacción masiva contra su Gobierno, especialmente después de que fuerzas de choque oficialistas dirigidas por la Juventud Sandinista y la Policía Nacional utilizaron la violencia para reprimir a los manifestantes.

Las protestas iniciaron por reclamos a unas medidas de seguridad social y continuaron a pesar de que el mandatario revocó su decisión.

RENUNCIA DE ORTEGA

Ahora los nicaragüenses reclaman la renuncia del mandatario Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, porque los consideran represivos, corruptos, violadores de los derechos humanos, así como de los derechos civiles y de las libertades públicas, entre otros.

Aunque existe la posibilidad de un diálogo entre el Gobierno y el sector privado para superar la crisis, con la mediación de la iglesia Católica, la población no se siente identificada con el mismo.

El clero nicaragüense citó este sábado a una “peregrinación por amor a Nicaragua”, a la que se esperan miles de personas que piden el cese de Ortega como presidente.

ESTUDIANTES

El nuevo diario confirmó que al menos 18 de los fallecidos durante las protestas eran estudiantes, según informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organismo que ha constatado la muerte de 37 personas en las manifestaciones que iniciaron el miércoles 18 de abril y hoy cumplen 11 días.

También se contabiliza la muerte de dos policías, un periodista y 16 pobladores de municipios de Managua, León, Matagalpa, Estelí y Masaya, indicaron ayer los directivos del Cenidh.

Las muertes ocurrieron entre el jueves 19 y el miércoles 25 de abril, y se originaron durante las protestas por las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), revocadas el domingo 22 de abril.

DERECHOS HUMANOS

De acuerdo con información del diario digital La Prensa, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas han expresado su consternación por la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad nicaragüenses a las protestas contra las reformas de la seguridad social y han pedido a las autoridades de Nicaragua que respeten las libertades fundamentales de expresión y de reunión pacífica, en un comunicado emitido por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).

“El alto número de muertes de manifestantes es una clara indicación de que se empleó un uso excesivo de la fuerza, en violación de los principios de necesidad y proporcionalidad, tal como lo requieren las leyes y normas internacionales para hacer legal el uso de la fuerza”, dijeron los expertos. “De confirmarse, esto calificaría las muertes como ejecuciones ilegales incurriendo el Estado en responsabilidad por actos contrarios al Derecho Internacional”, citó en el comunicado. (Agencias)