Preparan acción de inconstitucionalidad contra Ley de Empresas Sociales

A tres días de su promulgación, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Cámara Agropecuaria del Oriente, la Federación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemype) Santa Cruz y otros representantes de sectores privados del país se declaran en emergencia y anuncian que acudirán al Tribunal Constitucional para presentar una acción abstracta de inconstitucionalidad contra la Ley de Empresas Sociales.

Como una norma confiscatoria, que atenta contra la seguridad jurídica y atenta las inversiones privadas, así calificaron la ley que fue sancionada por el Legislativo esta semana y que está lista para que el presidente Evo Morales la promulgue el 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo.

RECHAZO

En ese contexto, el presidente de la CEPB, Ronald Nostas, anunció ayer que recurrirán ante el Tribunal Constitucional donde presentarán esta acción de inconstitucionalidad a la norma que impone el oficialismo.

“En atención a la declaratoria de emergencia y como primera medida, se ha dispuesto que el equipo jurídico de la CEPB, junto a especialistas en derecho constitucional, elaboren la acción abstracta que se presentará una vez que se promulgue la ley”, dijo Nostas.

El representante del empresariado boliviano lamentó que la Asamblea Legislativa persistiera en el tratamiento de dicha norma pese a la gravedad de las observaciones realizadas al contenido.

Señaló que es evidente que la Asamblea Legislativa decidió prestar oídos sordos a la racionalidad y la legalidad y más allá de las observaciones enviará al presidente Evo Morales para su promulgación, de una norma “que vulnera derechos básicos y pone en riesgo la propiedad privada, lo que nos parece una grave irresponsabilidad con el país”.

La pasada semana, los presidentes de las cámaras legislativas, José Alberto Gonzales y Gabriela Montaño; el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada y los representantes de la CEPB se reunieron para dialogar sobre esta normativa pero no arribaron a acuerdos.

El Presidente del Senado manifestó que la actitud de los empresarios fue de “inviabilizar” la Ley de Empresas Sociales haciendo planteamientos que una vez aprobada la norma no hubiera podido ser aplicada en beneficio de los trabajadores.

En una pasada conferencia de prensa, el representante de los privados dijo que la Ley de Empresas Sociales “es el más grave atentado contra la propiedad privada en el país, que, además, fomenta la confrontación entre trabajadores y empleadores y deja a las empresas en indefensión frente a la toma de unidades productivas”.

Nostas explicó además que la ley sancionada por la Asamblea el pasado jueves, desconoce la posibilidad de ejercer el derecho a la propiedad privada en sus dimensiones integrales y desconoce la función de los emprendimientos como fuentes generadoras de valor para la sociedad.

“Esta norma pareciera entender que el emprendedor, deliberadamente, desea fracasar o que, intencionalmente, va a acudir a un proceso de quiebra, incidiendo en una extensa y abundante regulación de los mecanismos de protección de los trabajadores, incluso a costa de otros acreedores de la empresa”, explicó el empresario.

MÁS SECTORES

Por su lado, los productores cruceños se suman al rechazo de la Ley de Empresas Sociales aprobada en la Asamblea Legislativa, la cual, según el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Freddy Suárez, causará una contracción en la economía nacional y fuga de inversiones internas y externas al ser una normativa confiscatoria del patrimonio privado, por esta razón el sector agroproductivo analiza interponer un recurso de inconstitucionalidad y los recursos legales correspondientes contra la normativa.

“Estamos analizando todos los recursos que podamos, que la ley nos franquea para poder plantear”, dijo Suárez según un reporte de radio Fides Santa Cruz.

En su criterio, esa ley es confiscatoria “es contractiva de la economía y generará un desastroso resultado a la economía del país y a la economía de los empresarios, al fin y al cabo la gente invierte para crecer y desarrollarse en beneficio del país, de la región y de los trabajadores”.

En tanto, para el presidente de la Federación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemype) Santa Cruz, Juan Carlos Vargas, la normativa pone en riesgo el patrimonio de los productores al ser sus viviendas los espacios donde funcionan los talleres.

“Nos pueden quitar nuestra herramienta de trabajo y afectar incluso lo que nosotros tenemos, nuestros recursos que podamos tener ahorrado pero no así asumir las deudas que nosotros tenemos, como privados por más pequeños que somos trabajamos con la banca privada, entonces la norma dice que solamente nos puede quitar lo que tenemos ahí a disponibilidad pero esta deuda la seguimos acarreando nosotros, entonces esta parcializado en ese aspecto. Todo es pensando en el trabajador pero no en el que genera empleo”, sostuvo.

PARA TOMAR EN CUENTA

El artículo 308 de la Constitución Política boliviana dice:

- “El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada para que contribuya al desarrollo económico social y fortalezca la independencia económica del país”.

- Asimismo reza “Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las libertades empresariales que serán reguladas por ley”.

- La Asociación Nacional de la Prensa afirma que la aplicación de la norma impulsará la creación de empresas informales que no otorgan estabilidad laboral y eluden el pago de obligaciones sociales a sus trabajadores. El empleo de calidad caerá y será reemplazado por ocupaciones temporales al margen de las normas de protección social generando un ambiente de inseguridad para el sector privado.

- La ANP “convoca a la ciudadanía a preservar las fuentes de empleo generadas por el sector privado y el respeto a la CPE que garantiza toda forma de actividad económica promovida por empresarios que creen en la construcción de una sociedad de justicia, con respeto al trabajo honesto, a las libertades y la democracia” y “convoca a los trabajadores a preservar sus fuentes de empleo y rechazar toda acción oportunista de una dirigencia sindical”.