Justicia acelera procesos contra opositores y frena contra oficialistas

Mientras el Órgano Judicial activa todos sus mecanismos con celeridad para procesar a autoridades de la oposición que presuntamente cometieron delitos de corrupción, el trato que le da a varias denuncias de corrupción que involucran a exfuncionarios del oficialismo es hasta benevolente, con procesos estancados en el tiempo y que duermen en los archivos de la Fiscalía. En más de un caso, los exfuncionarios procesados fueron designados en cargos diplomáticos.

En un breve recuento de cinco casos de corrupción al interior de empresas estatales y otros relacionados a dirigentes sociales que se oponen al Movimiento al Socialismo (MAS), demuestran el trato discrecional del Órgano Judicial que actúa con celeridad en contra de opositores y no así contra funcionarios del Gobierno.

ALGUNOS PROCESOS

Entre uno de los casos más emblemáticos está el desfalco al ex Fondo Indígena, que estalló el 14 de febrero de 2015 y un estudio de la Fundación Pazos Kanki calcula alcanza a 182,7 millones de dólares, a la fecha no se tiene sentencia contra la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, quien sólo fue imputada y goza de detención domiciliaria.

La presión social y la intensa crítica política fueron factores determinantes para que la exminstra sea procesada, pero esto se logró un año y medio después, es el 03 de agosto de 2016.

A diferencia de Achacollo, procesada en solo uno de los 134 casos abiertos por desembolsos en proyectos fantasmas o desvío de recursos estatales, el exdirector del Fondo Indigena, Marco Antonio Aramayo, fue imputado en más de 100 ocasiones, luego de que revelara que todo el directorio incluida Achacollo y los Ministerios de Economía y de Planificación conocían de todas las irregularidades desde el 2013.

Un segundo caso es el de Barcazas Chinas, donde el Estado pagó al contado más de 29 millones de dólares por 16 barcazas y dos remolcadores, donde desde el 2012 solo se procesó y al momento están a la espera del inicio del juicio, al personal de responsabilidad intermedia.

La Fiscalía General nunca investigó al exministro de Defensa, Rubén Saavedra, y personal del Banco Central de Bolivia que no informaron del vencimiento de las boletas de garantía.

La recuperación de la propiedad legal y el arribo de las 16 barcazas chinas continúan sin fecha.

Otro caso de supuesta corrupción, del que la Fiscalía General ha denegado toda información es la de compra con sobreprecio de aviones y motores para Trasportes Aéreos Militares con antecedentes desde 2007, donde el principal implicado es el general Gonzalo Duran, designado Comandante de la Fuerzas Armadas (FFAA) en 2016 y desde el año pasado (2017) ocupa cargo diplomático ya que la Cancillería lo designó embajador de Bolivia en Francia.

Por dichas compras irregulares fueron procesados personal subalterno que al denunciar los procesos en su contra, fueron dados de baja sin derecho a reincorporación.

MOCHILAS VERDES

En Cochabamba, se tiene la polémica sobre la celeridad que la Fiscalía actúa en la investigación de la compra de mochilas chinas en la gestión de José María Leyes y no así en proceso por el puente colapsado.

En este último caso, hace una semana se hizo público el audio donde se revela que el fiscal departamental, Oscar Vera presiona a la comisión de fiscales para que dilaten el proceso para no perjudicar al exalcalde del MAS, Edwin Castellanos, el ‘Cholango’.

CASO ZAPATA

Pero la más polémica de las actuaciones de la Fiscalía el Poder Judicial, en relación a casos de corrupción del Gobierno, fue la de supuesto tráfico de influencias de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, para favorecer con millonarios contratos a la Empresa China CAMC.

Dichas acusaciones nunca fueron investigadas por la Fiscalía General a cargo de Ramiro Guerrero y la sentencia de 10 años contra Zapata y otras cuatro personas se emitió por legitimación de ganancias cuya apelación aún está pendiente.