¿Impedir el desarrollo?

Otro proyecto cuya ejecución anunció el Gobierno es el proyecto Rositas. Esta obra, cuyos estudios han sido realizados hace varios años, levantó de inmediato la reacción de las comunidades involucradas, levantando objeciones al mismo, para evitar su ejecución.

Según nos informa ENDE en su página Web, “Su infraestructura anegará más de 40 mil hectáreas de bosques húmedos de la cuenca del río Grande y afectará a la flora y fauna endémica de un área protegida municipal”.

Es un proyecto múltiple, un complejo de siete hidroeléctricas que demandarán una inversión de más de 26 mil millones de dólares, con el objetivo de generar energía para la exportación. Y, además de energía, proveerá agua para consumo y riego (se estima para 164.000 hectáreas) y servirá para controlar las inundaciones. Según el gobierno, se creará nuevas áreas de productividad agrícola para las poblaciones rurales e indígenas, generará empleo y mejorará las vías de acceso hacia las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto.

El anuncio sobre este proyecto señala que estaría orientado a que Bolivia se constituya en un centro energético de Sudamérica, con la ciudad de Santa Cruz como el polo de desarrollo de este millonario proyecto. Así lo afirma el presidente Evo Morales y por eso el gobierno se prepara para construir la hidroeléctrica Rositas en la cuenca del río Grande, que aportará por lo menos 400 megavatios de energía para la exportación. Ya tiene diseño final y se adjudicó su construcción.

Rositas se construirá sobre el río Grande, cerca de la confluencia con el municipio de Abapó (ubicada a 140 kilómetros al sur de la capital cruceña). Se estima que ocupará una extensión de 150.000 hectáreas y que generará entre 400 a 600 megavatios (MW).

Rositas formará parte de un complejo de siete hidroeléctricas, que se instalará en la cuenca del río Grande y que abarcará los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. En conjunto aportarán 3.000 MW a un Sistema Interconectado Nacional (SIN). El doble de la demanda actual de energía en Bolivia.

Pero un sector de la población rechaza este proyecto energético porque los obligará a abandonar sus viviendas y tierras de producción. Se trata de agricultores y ganaderos, e indígenas guaraníes de los municipios de Vallegrande, Gutiérrez, Cabezas, Postrervalle y Lagunillas. Sin contar que un área protegida biodiversa también será anegada.

Es así que comunidades indígenas de Yumao y Tatarenda Nuevo interponen demanda contra la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) por vulnerar su derecho constitucional a la consulta previa.

Denuncian, además, que funcionarios de la Empresa Asociación Accidental Rositas (AAR), a cargo de la construcción y puesta en marcha de la hidroeléctrica, han estado ingresando a sus territorios desde octubre de 2017 sin realizar la consulta respectiva.

“Estamos firmes en nuestra lucha y vamos a continuar defendiendo nuestro territorio”, le dijo a Mongabay Latam, antes de partir a Cochabamba, Ely Zarate, Mburuvicha o líder de Yumao, una de las 12 comunidades que aseguran que serán afectadas con la construcción de la hidroeléctrica Rositas en el departamento de Santa Cruz.

Los líderes indígenas han dejado en claro que no piensan quedarse con los brazos cruzados, mientras ven cómo parte de su territorio queda bajo el agua. Por eso, en marzo, el dirigente Zarate junto a otros representantes de las comunidades de Yumao y Tatarenda Nuevo, del municipio de Gutiérrez, viajaron a Cochabamba para interponer una demanda de acción popular en contra de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). Los comuneros consideran que en el caso del proyecto hidroeléctrico Rositas, esta institución ha vulnerado su derecho a la consulta previa, libre e informada, que establece la Constitución Política del Estado de Bolivia para las naciones y pueblos indígenas.

Frente a las amenazas de la región, el presidente Evo Morales ha señalado recientemente que la decisión sobre la posibilidad de ejecutar este proyecto quedaría en manos del propio Departamento.