Empresas Sociales, contrarias a las inversiones y al empleo

Contraviniendo todo principio de prudencia y seguridad económica, la Asamblea Legislativa ha insistido, durante la pasada semana, en la aprobación de la Ley de Empresas Sociales que implica afectar a la propiedad privada porque se dan las reglas, mediante esa norma, para que ninguna empresa grande, mediana o pequeña, trabaje con relativa seguridad, confiada en que se respetarán sus derechos. El proyecto, aprobado y preparado para su promulgación por el Presidente de la República, determina, claramente, que cualquier empresa que confronte dificultades y esté en peligro de quiebra, se transfiera a los trabajadores para su administración.

La Ley, aprobada, resulta contraria a las inversiones y al empleo, apropiada para que toda empresa en dificultades pase a manos de sus trabajadores porque el gobierno dice: “La Ley lo que pretende es proteger el derecho al trabajo, que muchas veces se pone en riesgo por el cierre intempestivo de la empresa. En ese sentido, la ley lo que busca es dar un marco permitido para que los trabajadores puedan crear empresas sociales, (y así) mantener sus fuentes de trabajo, sobre la base de un capital social, como son los salarios, aguinaldos y otros, cuando no son pagados por los empresarios, lo cual legalmente les permite crear una empresa social y mantener su fuente de trabajo”.

La Ley es, simplemente, confiscatoria de la empresa privada porque ninguna de ellas, sea grande, mediana o pequeña, podrá evitar dificultades financieras o de otro tipo, como ocurre en todo el mundo. Se dice que los trabajadores administrarán la empresa confiscada con sus salarios, aguinaldos y otros; pero, comprometidos esos ingresos, ¿con qué dinero sobrevivirán ellos y sus familias? Al margen de ello, ¿cuál puede ser el nivel de preparación, eficiencia y sentido empresarial que tienen esos trabajadores? Es evidente que muchos de ellos pueden contar con las capacidades precisas; pero, ¿será suficiente?

La confiscación de empresas que decidan cerrar o quebrar o suspender operaciones, así sea momentáneamente, debido a que confrontan problemas y dificultades por las presiones tributarias ejercitadas por el gobierno, ahora deben aumentar sueldos y salarios y además pagar posible doble aguinaldo. La medida es el mejor medio para evitar nuevas inversiones, crear nuevos empleos, dejar en la orfandad a muchas personas porque varias empresas pequeñas funcionan en familia y dependen del trabajo conjunto de todos sus componentes; de confiscarse, automáticamente se pondría en peligro hasta la vivienda en que funcionan.

A nivel nacional e internacional, la Ley de Empresas Sociales no especifica que la confiscación o paso a manos de trabajadores merecerá indemnización alguna; es decir que de hecho sería una apropiación ilegal, sin compensación alguna porque “el empresario quebró” o se lo hizo quebrar debido a las muchas trabas que ha tenido para un trabajo productivo normal y garantizado. Por otra parte, ¿quién garantiza que los “nuevos dueños” no tendrán los mismos problemas que tienen los originales empresarios? ¿Evitarán la competencia del contrabando? ¿Encararán con éxito los nuevos precios vigentes en el mercado sea nacional o foráneo de las materias primas que requieran? ¿Harán frente a los intereses y otras exigencias de la banca que los atienda con préstamos? ¿Podrán tener la seguridad de no sufrir las mismas dificultades que tuvieron los empresarios? Lo más probable es que, al padecer grandes dificultades como falta de capital de operaciones, carencia de medios para pagar sueldos y salarios o para cumplir con aguinaldos, beneficios sociales, seguridad social, etc., etc. se vean obligados a recurrir al gobierno que, muy magnánimo, les otorgue ayudas o préstamos como ha ocurrido ya con algunas empresas que, “para ser exitosas” pasaron a manos de los trabajadores y resultaron un fracaso.

Las Empresas Sociales resultarán un problema para los mismos trabajadores porque implicará que éstos estén susceptibles de lo que pueda sucederles por la presión tributaria, pago de aumentos salariales, aguinaldos y otros -¿o es que los trabajadores, por tener la condición de “dueños” no percibirán ni sueldos ni otros beneficios?-. El problema es crucial. Por otra parte, ¿cuál el sentimiento de quien podría invertir en Bolivia? ¿Confiará, creerá que “pueden haber garantías jurídicas” para un normal desarrollo de la producción y crecimiento empresarial? ¿En qué situación quedarán los empresarios que pierdan sus bienes?

El gobierno, dadas las experiencias amargas, alguna vez sostuvo: “No habrá más nacionalizaciones” y la transferencia forzada a los trabajadores por quiebra o cualesquiera razones, ¿no significa una especie de confiscación, estatización, nacionalización? o, tal vez el gobierno calcula que los empresarios que tengan dificultades, ayudarán de muy buena gana a que lo conseguido por ellos con sacrificio, aportando capital, lograda alguna tecnología, inversión de mucho dinero, puede pasar, con sentimiento de alegría a “nuevos dueños” que no aporten y que sólo estén atenidos a sus salarios, aguinaldos, etc.? ¿o recibirán, como préstamo o contribución, un capital de operación proporcionado por el gobierno?

El caso es muy difícil y es el gobierno el que deberá examinar su decisión “magnánima” que, implicará, de hecho, el fracaso total de todo plan de inversiones y la creación de desconfianza e incredulidad sobre el país. ¿Cuáles serán las consecuencias por las pérdidas de posibilidades de nuevos empleos? ¿Y cuántos de los “nuevos dueños” serán confiables para el conjunto de trabajadores? En caso de no formar parte de la nueva institución, ¿qué garantía tienen de permanencia y seguridad para el futuro? En fin, hay preguntas que difícilmente tendrán respuesta y es el gobierno el que tendrá que decir su última palabra que, ojalá, sea lo racional, serena, legal y constructivamente responsable.