TSE registró 65 casos de acoso y violencia política

De enero a abril de este año, el Órgano Electoral recibió 65 denuncias por acoso y violencia política contra autoridades electas en ciudades capitales y localidades no capitales. De esta cifra, los Tribunales Electorales Departamentales (TED) recibieron 36 denuncias, también se registraron 19 renuncias y el resto lo presentó la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol).

“El informe nos permite constatar un incremento en los casos de acoso y violencia política, principalmente en mujeres concejales de municipios rurales (…) son 65 casos y de estos casos, 36 son denuncias a Tribunales Electorales Departamentales; 10 son renuncias de autoridades electas a su cargo y 19 presentadas por Acobol”, informó Katia Uriona, presidente del TSE.

La autoridad considera que este incremento de las situaciones de acoso y violencia política pone en riesgo los derechos políticos y la democracia paritaria.

“Este informe nos da cuenta de la vulneración de derechos políticos en relación a las denuncias y renuncias que se acompañó y se hizo seguimiento. Como Órgano nos da cuenta también que se está poniendo en riesgo la democracia paritaria e intercultural en el país”, manifestó Uriona.

PARTE ACTIVA

A partir de este escenario la presidente del TSE, informó que el OEP será parte activa de las denuncias, es decir, acompañará y realizará seguimiento sobre las denuncias en el Ministerio Público.

“El 94 de las denuncias recibidas han sido remitidas al Ministerio Público y el Órgano Electoral a través de los TED, nos estamos constituyendo en parte coadyuvante de estos procesos de denuncia de acoso y violencia”, informó.

En ese sentido, indicó que han instalado un sistema para el seguimiento y asesoramiento a las mujeres proclives a sufrir estos delitos.

“Tenemos un sistema a nivel nacional que está sistematizando estos reportes pero sobre todo que nos permite acompañar y asesorar a las mujeres electas”, sostuvo.

Por lo que, una forma de prevenir será la capacitación en el conocimiento de las normas que las protegen a las mujeres, que detentan algún cargo y que potencialmente podrían ser susceptibles de acoso y violencia política.

“También vamos a generar espacios de capacitación y difusión de los alcances de la Ley 243 y el reglamento que el TSE implementó, en función al acompañamiento y protección de los derechos políticos de las mujeres, ante este incremento que hemos podido constatar”

También se refirió que no existe en ninguna norma y menos reconoce la Constitución, las “gestiones compartidas”, es decir, los acuerdos entre autoridad elegida titular y suplente para ceder a medio mandato, aspecto que es promovido en las organizaciones políticas.

“Queremos recalcar que esta denominada gestión compartida o idea de rotación o sustitución a media gestión vulnera la CPE y pone en riesgo que las mujeres electas no puedan concluir su gestión”, aseveró.

MAS

Según los datos proporcionados por el TSE, las autoridades del Movimiento al Socialismo (MAS) son las más denunciadas por acoso y violencia política.

“En relación a las autoridades que fueron denunciadas, 21 casos corresponde al MAS y las demás corresponde a otras organizaciones políticas en cada uno de los departamentos”, puntualizó la autoridad.

Situaron un caso emblemático, que compromete al partido oficialista en el caso de violencia política en el municipio de Vinto en Cochabamba donde agredieron a dos concejalas.

“Uno de los casos más emblemáticos, más duros en vulneración de derechos políticos se ha presentado en el municipio de Vinto, por concejalas agredidas con ocho días de impedimento que están dando cuenta de una práctica de violencia y acoso político”, informó Uriona.

USOS Y COSTUMBRES NO ES LEGAL

La presidente del TSE explicó que no se puede usar el denominado “usos y costumbres” en las comunidades porque de inicio esas formas de organización no están veladas como un mecanismo democrático.

Justamente en su momento el Tribunal Electoral Departamental de La Paz, señaló que bajo el pretexto de los usos y costumbres, hacen renunciar a las autoridades, arguyen que los cabildos o asambleas son instancias para destituir.

La Constitución Política del Estado plantea como un mecanismo de interrupción de mandato, el revocatorio y esto se prevé para autoridades elegidas a través del voto popular y ese es el caso de las concejalas y alcaldesas en los municipios rurales de Bolivia.