Defensa de cooperativista rechaza ampliación por delito de terrorismo

La defensa legal del cooperativista Josué Caricari, recluido en Chonchocoro, involucrado en el caso de asesinato del exviceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes, rechazó el pedido de ampliar el proceso por el delito de terrorismo contra él y otros 13 mineros, porque no se tomó en cuenta sus aportes para identificar a los responsables.

El pasado 24 de abril, a través de su apoderada, Jalith Mariño, familiares del extinto exviceministro Rodolfo Illanes, presentaron una solicitud para ampliar la denuncia contra otros 14 cooperativistas mineros, imputados por asesinato, por el delito de “terrorismo”.

La solicitud de Mariño se sustenta en los datos tomados de la declaración ampliatoria realizada por el presidente de la Cooperativa 20 de Octubre del distrito minero Siglo XX, en Potosí, que amplió su declaración el pasado 8 de marzo que, en criterio de la familia Illanes, comprueban que se cometió el delito de terrorismo.

Sobre el tema, el abogado del Caricari, Luis Matías, aseveró ayer que la declaración ampliatoria de su cliente estaba siendo tergiversada y aseguró que la Fiscalía no los ha notificado con ninguna ampliación.

INFORMACIÓN SUBJETIVA

“Tenemos conocimiento de que se ha vertido información de manera muy subjetiva, alarmando a la sociedad y haciendo ver que los mineros incurrieron en el delito de terrorismo, lo cual es totalmente subjetivo y falso, están faltando a la verdad por parte de la familia del doctor Illanes”, aseveró Matías.

Según el abogado, su cliente amplió la declaración para que se logre llegar a la verdad histórica de los hechos e identificar quién fue el verdadero responsable, “el señor Josué Caricari ha establecido que no ha participado en el asesinato del exviceministro Illanes”, aseguró el jurista.

De acuerdo con la explicación de Mariño, en la declaración ampliatoria, el cooperativista relata una serie de hechos confirmando que los mineros planificaron el manejo de cargas explosivas (dinamita) para enfrentarse con las fuerzas del orden, además que se habla de la dirección de grupos de personas con fines desestabilizadores contra el Gobierno.

Ante el fiscal, Caricari señala que arribó a Panduro el 24 de agosto al mando de 600 cooperativistas atendiendo la convocatoria de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fedecomin).

USO DE EXPLOSIVOS

En el documento presentado ante la Fiscalía, remarca que entre el 10 al 13 de agosto los cooperativistas activaron las medidas de presión con uso de explosivos en contra de la promulgación de la Ley 149 dejando una saldo de 52 heridos, decenas de policías tomados como rehenes, y por esa situación fueron detenidos 10 mineros.

En contraparte, el abogado asegura que no hay asidero legal, que según las declaraciones de todos los investigados y los informes que figuran en el cuaderno de investigaciones, los cooperativistas fueron objeto de represión con armas de fuego, y que las acciones de los mineros se dieron en defensa propia ante el saqueo de sus pertenencias en las jornadas previas al 25 de agosto.

“Amerita otro análisis, pero la palabra terrorismo creo que no encuadra en esta investigación porque no pueden demostrar este aspecto. Al contrario, los cooperativistas, que han sido el brazo derecho de este Gobierno, que ha sido el sostén de este Gobierno para que llegue a donde está, no pudieron atacar pues a su propio presidente (Evo Morales). Ellos han ido a bloquear en ejercicio de su justo derecho por una reivindicación social pidiendo ser escuchados”, aseguró Matías.