Fiscales y policías se “inventaron” datos

A casi tres meses de las explosiones en Oruro, que dejaron 12 fallecidos, todavía no hay resultados precisos en las investigaciones y sólo se mantiene a un detenido preventivo que supuestamente incurrió en el crimen por motivos pasionales.

Mientras los familiares, tanto de las víctimas como del detenido, denunciaron que los fiscales y policías inventaron la información para acusar sólo a un entorno familiar.

“La investigación está sin resultado alguno, incluso nos niegan el cuaderno de investigación en nuestra condición de víctimas y nosotros quedamos en total estado de indefensión, se está violando nuestro derecho a la defensa”, señaló una de las hijas de la vendedora de chicharrón (Ana Fernández) que murió en la primera explosión.

Jefferson Gutiérrez Fernández, otro de los hijos de Ana, señaló que “todo se inventaron en la Policía” para asegurar que su madre habría tenido concesiones mineras o que su padre tendría propiedades. “Eso es mentira”, remarcó.

“Luego dijeron que Juan Carlos (el único detenido) tenía una relación sentimental con su cuñada y por eso planificó el crimen para deshacerse de su pareja, eso también es falso, todo eso dijeron porque según extractos de llamadas Juan Carlos se contactó con su cuñada, pero eso fue después de la explosión y por supuesto que la comunicación entre familiares es normal para saber lo ocurrido”, sostuvo.

Shirley Jiménez, familiar del detenido, agregó que los investigadores han buscado todo para acusar a Juan Carlos.

“Lo último que hicieron es hacer la necropsia a su hija para comprobar que no es la hija de Juan Carlos y buscar una excusa más para acusarlo a él (…) Juan Carlos es inocente y tanto la familia de los fallecidos más la familia del acusado tenemos claro que es inocente”, señaló.

Asimismo, recordó que la Policía acusó al detenido de tener una actitud pasiva y de no auxiliar a su pareja e hija después de la primera explosión, sólo en base a un fragmento de video.

“Pero hay otras imágenes que muestran que Juan Carlos estuvo correteando de un lugar a otro buscando a sus seres queridos y agarrándose la cabeza por la tragedia (…) por tanto, la Policía se ha ido a lo más fácil, es decir (hacia) el único sobreviviente que es mi hermano”, acotó.

Los familiares también acusaron a policías y fiscales de ocultar documentos para evitar que el detenido pueda acreditar domicilio y trabajo para beneficiarse con las medidas sustitutivas.

Además, se declararon como “víctimas de maltratos” por parte de autoridades que investigan este caso.

Reiteraron su pedido al presidente Evo Morales para que se traiga a peritos internacionales con el fin de esclarecer el hecho.

Estas declaraciones se hicieron en una conferencia de prensa ofrecida en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb).

Marco Herrera, hermano de Juan Carlos, pidió a la Apdhb interceder en el caso “porque se están vulnerando los derechos del detenido”.

Los familiares del detenido y de las víctimas de las explosiones creen que las detonaciones del 10 y 13 de febrero fueron un atentado al pueblo orureño y no a familias específicas.