Caso Incahuasi, problema candente y preocupante

Es doloroso y preocupante que gobernadores de Chuquisaca y Santa Cruz, conjuntamente sus pueblos, se encuentren enfrascados en discusiones sobre “derechos adquiridos en la explotación de gas en Incahuasi”. Dos departamentos hermanos, hermanados en todo sentido, no pueden ni deberían discutir ni tener diferencias por algo que, se entiende, debería estar definitivamente delimitado, establecido, como es el caso de delimitación de las fronteras departamentales (ED 17-18-19/4/18)

Santa Cruz alega que el cien por ciento de lo que significa Incahuasi “está en territorio cruceño”; por su parte, Chuquisaca sostiene que también un buen porcentaje estaría dentro de los límites departamentales. El gobierno que debería establecer realidades observa, casi indiferente, los hechos y las confrontaciones verbales entre las partes. Por su parte, la colectividad está preocupada y alarmada por lo que ocurre y cree que el caso debería tener una rápida y límpida solución.

Incahuasi produce gas; el gobierno decidió congelar los ingresos “mientras no se defina situaciones”; ambos departamentos, urgidos de dinero, creen tener derechos para reclamar por esas cantidades financieras para cobertura de sus presupuestos. Lo cierto es que todos están perjudicados y hasta con el temor de que los fondos retenidos sean derivados a otras urgencias que el gobierno, en nombre del Estado, debe atender.

Creer en milagros es una utopía; menos se puede creer en que “los cívicos determinarán lo más conveniente” y dan lugar a que surja una pregunta: ¿Qué estudios e investigaciones han hecho los cívicos para determinar lo que más convenga? En caso de haberse hecho estudios (labor que debería cumplir el gobierno) sería interesante conocer cuáles son los resultados y qué perspectivas o soluciones dan al grave problema que no debe permanecer en un “status quo” absurdo, ilógico e irresponsable.

El gobierno tiene la obligación de reconocer que la no delimitación de límites en varios departamentos da lugar a la presencia de conflictos que con el tiempo pueden tornarse graves. Es preciso que conjuntamente el Instituto Geográfico Militar se forme comisiones de ambos departamentos y técnicos contratados por el gobierno con miras a establecer realidades y ver qué es lo que corresponde hacer.

Los estados de confrontación y discusión acerca de posibles derechos no deberían regir las relaciones o hacerlas más tensas. Las experiencias, la intervención de especialistas, el examen de documentos, mapas y antecedentes deben ser medios para la realización de estudios. Por otra parte, no cabría que el caso sea dejado para las “calendas griegas”, para un “después” que nunca llega, como ha ocurrido con muchos problemas que de tanto postergar soluciones han quedado al aire.

El caso Incahuasi requiere de prontas, efectivas, honestas y responsables soluciones y el gobierno es el que tiene que actuar con premura, mesura, prudencia y previsión de futuro, sin parcialidades de alguna clase y alejando intereses político-partidistas que no tienen por qué existir.