Gobierno acusa a autoridades y cívicos
La inversión anunciada para la exploración en el área de San Telmo y Astillero en la reserva de Tarquía en Tarija se suspende, según dijo el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, quien atribuyó esta decisión a las “autoridades que se opusieron” realización de trabajos en el área protegida.
Un par de horas después, Sánchez publicó en su cuenta de Twitter: “Se suspende la inversión de exploración en #Tariquía por acciones contrarias al proyecto por parte del gobernador, alcalde, asambleístas departamentales y Comité Cívico de #Tarija”.
Las inversiones que se tenían programadas en San Telmo y Astilleros eran de 683 millones de dólares con una proyección de utilidades de 8.915 millones de dólares en diez años de explotación.
Además, explicó que actualmente sin exploración y explotación de 166 mil hectáreas que tiene Tariquía, ya se deforestaron más de 14 mil, “pero las autoridades de Tarija no dicen nada”.
Según datos del Gobierno boliviano, ambos campos tendrían un potencial gasístico por encima de los 4,21 TCF o trillones de metros cúbicos, capaces de generar una renta petrolera de alrededor de los 9.000 millones de dólares, de los que 1.800 millones serían directamente para la región implicada.
El parque de Tarquía tiene una extensión de 247.000 hectáreas y el trabajo en ambos campos afectarían únicamente alrededor del 0,01%, con lo “que las afectaciones son mínimas y la generación de ingresos gigantes”, según Sánchez.
Los trabajos en los campos Atrillero y San Telmo fueron concedidos a la brasileña Petrobras y las subsidiarias Chaco y Andina de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Cabe recordar que el pasado 7 de abril, el presidente Evo Morales promulgó dos leyes para la exploración y explotación de los campos San Telmo y Astillero en Tariquía, en un acto desarrollado en el municipio de Bermejo del departamento de Tarija.
Luego de la promulgación de ambas leyes, el Comité Cívico de Tarija, organizaciones sociales e indígenas rechazaron la intervención de las empresas Petrobras y YPFB Chaco, a quienes se concedió el campo, por “poner en riesgo la biodiversidad y las fuentes de agua” en la reserva de Tariquía, considerada uno de los “pulmones” del sur del país.
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