Ley confiscatoria de empresas

Las “empresas sociales” implantadas en el país sin análisis y sin lugar al debate, una vez llevadas a efecto, provocarán el enfrentamiento entre los dirigentes y las “bases”. Donde hay dinero e intereses de por medio surgen los conflictos. Antecedentes hay muchos. El abandono y la quiebra son las principales causales que contempla la ley promulgada. La quiebra supone siempre la existencia de acreedores y por eso se ingresa a concurso de acreedores, proceso judicial que califica la prelación u orden de pagos.

Si bien los trabajadores tienen derecho privilegiado, no se puede desconocer los derechos proporcionales del resto de acreedores sobre los activos empresariales. La Ley de Empresas Sociales salta el Código de Comercio y transfiere directamente los activos a los trabajadores, pero no el pasivo, lo cual es injusto. Lo natural en estos concursos es que la quiebra termine en el remate de los activos a fin de que en orden de prelación se haga la distribución correspondiente. ¿Si no es así, dónde queda el derecho de los acreedores?

De no procederse conforme al Código de Comercio, se trata de una confiscación prohibida por la Constitución, además de un desconocimiento de los derechos de propiedad y de empresa que la misma garantiza. En consecuencia, los organismos empresariales plantearán un recurso de inconstitucionalidad.

La Asociación Nacional de la Prensa, ANP, ha hecho notar que se corre el riesgo de sabotaje e ineficiencia de los empleados a fin de extremar la situación y llevar a la práctica la citada Ley. En el fondo asistimos a un proceso progresivo de socialismo en el país, que no es ajeno a las propuestas iniciales del actual Gobierno, atemperadas por estrategia en algunos momentos. El hecho de que la disposición involucre solo a las empresas industriales y de servicios y tácitamente excluya a las otras modalidades económicas reconocidas como las estatales, cooperativas y comunitarias, refleja una predisposición contra la forma empresarial propiamente dicha. El Gobierno no aplicó su propia receta en el caso de Enatex después de estatizarla, pero ante su inviabilidad por falta de mercados y mala administración optó por el cierre y no por la cesión a los obreros.

La empresa privada en el país está atenazada desde distintos ángulos, llámese excesiva carga tributaria -la más alta en Latinoamérica- continuo reajuste salarial y otros, baja productividad laboral, etc., este conjunto parece inspirarse en propósitos anti empresa para desembocar en el socialismo, sin que se exceptúe a la propiedad en general, pese a que sus modelos cubano y venezolano parecen no aconsejarlo.