• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Ejecutivo ingresar al país para iniciar una investigación
Managua.- El Movimiento Estudiantil 19 de Abril, formado por universitarios que protestan contra el Gobierno de Daniel Ortega, denunció ayer que el gobierno criminaliza las protestas porque el Poder Judicial acusó a tres jóvenes que apoyan sus manifestaciones como “coautores directos del delito de conspiración para ejecutar motín”.
En una declaración pública por EFE, ese Movimiento indicó que la jueza penal del municipio de Jinotega (norte), Diana Jarquín, citó a los ciudadanos Enrique García Centeno, Kenneth Altamirano y Andy Josué Herrera para responder por ese presunto delito “en perjuicio del orden público del Estado de Nicaragua”.
“Se quiere neutralizar y criminalizar el derecho a la protesta cívica contra el régimen dictatorial de Daniel Ortega”, señaló ese Movimiento.
“Si no mantenemos las protestas pacíficas uno a uno nos irán metiendo presos o peor aún, matándonos», advirtió ese grupo.
MOVIMIENTO JUVENIL
El Movimiento Estudiantil 19 de Abril pidió al pueblo de Jinotega no dejar solos a los tres acusados, que deberán comparecer ante la judicial el próximo miércoles 9 de mayo, día en que ese grupo convocó a una marcha nacional.
Ese movimiento ha convocado a una manifestación ese día, que tendrá como punto de partida los alrededores de la Catedral de Managua con el lema “Por la Justicia y la Democratización de Nicaragua”. Además ha invitado a participar a todos los sectores para esa marcha.
Nicaragua atraviesa una crisis que ayer cumplió dieciocho días, debido a multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del presidente Ortega, que iniciaron por reclamos a unas medidas de seguridad social y continuaron a pesar de que el mandatario revocó su decisión, debido a las múltiples muertes causadas por la represión.
MUERTOS
Desde que comenzaron las protestas hace más de dos semanas, los enfrentamientos violentos que se produjeron en Nicaragua dejaron al menos 45 muertos, la mayoría entre el 18 y el 22 de abril pasado, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), mientras que otras organizaciones humanitarias elevaron a 63 los fallecidos.
Nicaragua vive pendiente del comienzo del diálogo que protagonizarán el Gobierno y el sector privado, con la Conferencia Episcopal (CEN) como mediadora, aunque todavía no se ha establecido una fecha para su celebración, reportó EFE.
DEMANDA
Según el diario nicaragüense La Prensa, Cristiana Chamorro, directora ejecutiva de la Fundación Violeta Barrios Chamorro, quien se encuentra en un programa de estudios en Harvard, visitó Washington en una gira para sumarse a la demanda de Nicaragua por Justicia ante la masacre contra los estudiantes, la violación a los Derechos Humanos y las Libertades Públicas.
En su visita al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, Chamorro le expresó su preocupación ante la falta de actuación de este organismo frente a la crisis política de Nicaragua que ha dejado como saldo 45 víctimas (según organizaciones de Derechos Humanos), producto de la represión del régimen del presidente Ortega en respuesta a las protestas pacíficas, que iniciaron el pasado 18 de abril en contra de las reformas a la seguridad social.
“No queremos más muertos. ¿Qué va a hacer la OEA?”, preguntó Chamorro al Secretario Almagro, al mencionar los plazos de siete días que han dispuesto los estudiantes “autoconvocados” para que pueda llevarse a cabo el diálogo propuesto por Ortega, y en el cual se establece como agenda prioritaria demandar justicia por la masacre perpetuada y una revisión profunda al sistema político del país que demanda una democratización plena.
DERECHOS HUMANOS
El que diversos sectores de la sociedad de Nicaragua estén pidiendo un diálogo y una investigación independiente y creíble sobre las muertes en las protestas de abril, “es una muestra de que el país vive una crisis, y esa crisis solo puede ser superada mediante un diálogo constructivo y abierto, sin exclusiones y bajo observación internacional”, sostiene Antonia Urrejola, la relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 26 de abril, la CIDH solicitó al gobierno nicaragüense ingresar al país para iniciar una investigación, pero el Gobierno les contestó que debían “aguardar el avance de los procesos internos”. La Asamblea Nacional anunció la creación de una Comisión de la Verdad y el Ministerio Público inició una investigación de oficio sobre las muertes, lesiones y saqueos a comercios, pero sobre estas iniciativas oficiales “hay muchas dudas sobre la credibilidad”, comentó Urrejola al ser entrevistada por El Nuevo Diario este viernes vía telefónica.
La comisionada y relatora de la CIDH dice que insistirán en solicitar al Gobierno que les permita ingresar a Nicaragua, a realizar una investigación porque esta “puede contribuir al establecimiento de un diálogo amplio y constructivo”. (Agencias)
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