Comisión de la Verdad investigará pérdidas económicas del Estado

La Comisión de la Verdad investigará las pérdidas económicas que se generaron durante los gobiernos dictatoriales (1964-1982), mientras que las víctimas de estos regímenes se quejan por el escaso trabajo que hicieron en las investigaciones para establecer los delitos de lesa humanidad y las secuelas que dejaron en cientos de familias.

Según datos proporcionados por el presidente de la Plataforma de Luchadores Sociales Contra la Impunidad, Julio Llanos, el Ministerio de Justicia contabilizó alrededor de 6.800 víctimas de los regímenes dictatoriales, de éstas sólo 1.683, según la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU), fueron reconocidas como mártires.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Bolivia por no investigar debidamente la desaparición forzada de Renato Ticona Estrada, desde el 22 de julio de 1980, momento en que fue detenido. El año 2008 la Corte emitió Sentencia de fondo, Reparación de daños. El segundo caso de la esterilización de I.V., mediante ligadura de tropas, después del parto, sin su consentimiento y cuando ella se encontraba bajo anestesia epidural.

“Hubo muertos y desaparecidos, pero también hubo pérdida de recursos económicos del Estado por parte de los gobiernos de dictadura nadie sabe cuánto de dinero se llevaron”, dijo Teodoro Barrientos, miembro de la Comisión que depende del Ministerio de Justicia.

ESCASO TRABAJO

Llanos lamentó que a ocho meses de la conformación de la Comisión, hasta el momento no haya realizado ninguna investigación o solicitud para la desclasificación de los archivos militares, ni que se haya convocado al exdictador, recientemente fallecido, Luis García Meza, en tiempo prudente cuando pudo haber prestado un informe, y evitar que falleciera sin dar mayores detalles sobre la desaparición de Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Frank Campero, exrepresentante legal del exgeneral Luis García Meza también indicó que enviaron una nota solicitando una entrevista con los integrantes de esta instancia, misiva que no fue respondida

Ante tal circunstancia, Barrientos refutó estas aseveraciones, aseguró que están avanzando en la recolección de documentación de diversas instituciones y que cada uno de los miembros debe realizar un determinado trabajo, del cual que no brindó mayores referencias.

RENUNCIA

Además del escaso trabajo que denunciaron las víctimas, la Comisión enfrenta un conflicto en su interior debido a la renuncia de Eusebio Gironda quien asumió entonces el cargo junto a María Isabel Viscarra; la exministra de Salud, Nila Heredia, el exdirigente de la Central Obrera Boliviana, Édgar Ramírez y el exdirigente de la Confederación de Campesinos, Teodoro Barrientos.

La complicación al interior de la Comisión fue confirmada por Viscarra, quien alego que el alejamiento de Gironda se debe a motivos personales, tomando en cuenta que tiene mucho trabajo al ser catedrático universitario de tiempo completo.

“Nosotros también tenemos nuestro trabajo personal de tiempo completo pero nosotros continuamos con la misión encomendada”, manifestó la promotora cultural y activista fundadora de la Asamblea permanente de Derechos Humanos.

Sobre la renuncia de Gironda, el dirigente campesino indicó no conocer del hecho debido a que se encuentra en el departamento de Santa cruz. A la vez explicó que la renuncia debe ser presentada al Presidente Evo Morales y este determinar si la acepta, o no. El puesto de Gironda será cubierto, pero que la persona elegida dependerá del presidente.

OBSERVACIONES

Julio Llanos, presidente de la Plataforma de Luchadores Sociales Contra la Impunidad manifestó que tras la posesión de la Comisión enviaron tres cartas, a través del Ministerio de Justicia, a la Comisión solicitando una reunión en la que darían mayores detalles de la vulneración de derechos humanos. Empero no recibieron ninguna respuesta hasta la fecha.

El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), brinda apoyo psicológico, social, jurídico y medico a las víctimas de estos regímenes y no así el Estado.

También objetaron el trabajo invisible que realiza la delegación, ya que los afectados preguntan dónde y cómo pueden contactarse con ellos para ir a contar sus testimonios y coadyuvar con las investigaciones.

REUNIÓN

Por último, Llanos indicó que en este mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará asuntos referidos a las dictaduras, por lo que solicitarán participar y denunciar el incumplimiento de la atención a las víctimas de la dictadura por parte del Estado.

“Estamos tramitando para que la CIDH nos reciba en una audiencia, hemos pedido un espacio para denunciar estos hechos”, dijo el afectado.

El 19 de marzo del 2015 se llevó cabo una sesión en la (CIDH) donde denunció que en Bolivia no existe voluntad política para la desclasificación de los archivos de las Fuerzas Armadas, que sería el modo de esclarecer varios casos pendientes de desapariciones forzadas.

Durante esa sesión el organismo internacional recomendó la creación de la Comisión de la Verdad, para la reparación de daños y la asistencia social a las víctimas de las dictaduras.