Santo Domingo.- La Procuraduría General de República Dominicana (PGR) ha rastreado cientos de cuentas bancarias y transacciones, y ha analizado miles de documentos como parte de las investigaciones que desarrolla sobre los sobornos que Odebrecht admitió haber pagado en el país, informó ayer la institución.
Según se lee en un comunicado, durante estas indagatorias han surgido nombres de empresas y personas, y se realizan los procedimientos de investigación penal que obligan a profundizar averiguaciones para esclarecer su participación.
Para esto, “es normal que se soliciten documentaciones, se efectúen consultas, experticias y entrevistas directas y presenciales”, añadió.
“Como consecuencia de ese proceso, cualquier ciudadano puede ser objeto de escrutinio y de interés de nuestra organización; las atribuciones que nos confiere la ley nos faculta para la conducción de dichas acciones y estamos obligados a realizarlas”, se apunta en la nota.
La PGR destaca que, “sin importar su estatus político, social o profesional, toda persona o institución requerida está obligada a suministrar las informaciones que se les soliciten y por el momento, esto no significa que haya comprometido su responsabilidad penal”.
Señaló como “una actitud equivocada reaccionar a este proceso con ensañamiento, retaliación o reacciones de resistencias imprudentes. La cooperación, receptividad y la calma deben prevalecer para el bien de la dinámica que está en curso”.
Según se explica en la nota, el Código Procesal Penal consigna que “en la fase actual estas diligencias deben mantenerse bajo reserva y todo lo que se derive de ella es estrictamente confidencial”, y advierte que, salvo autorización expresa del Ministerio Público, “divulgar documentos o información sobre la intimidad de ese proceso pudiera significar un serio delito”.
“Las partes involucradas tienen la obligación de no divulgarlas hasta que no se solicite medidas de coerción, algún anticipo de prueba o se presente acusación formal”, agregó.
Además dice que el Ministerio Público “cumple ese mandato legal al pie de la letra”, respetando así “la moral de las personas y su presunción de inocencia”, y en virtud de esa disposición “y para evitar distracciones ha continuado avanzando en la profundización de las investigaciones en completo sigilo”.
La constructora brasileña admitió haber pagado sobornos en República Dominicana por valor de 92 millones de dólares para hacerse con contratos de obras públicas. (EFE)
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