Ley del embudo

Podría ser que en Bolivia casi siempre la justicia actuó parcialmente cuando estaba bajo control de sectores sociales dominantes o de grupos partidarios que se encontraban detentando el poder político del Estado. Así mismo, nada de extraño tendría que, en tiempos actuales, siga igual o esté peor, al extremo que un gobernante afirmó que “está podrida”.

Con esos antecedentes no habría de qué quejarse, pero, lamentablemente, ese estado de cosas tiene al presente un agravante que permite considerar la originalidad de la nueva realidad. Esa nueva faceta es que ahora la justicia solo sirve para la casta minoritaria en el poder.

En efecto, ha aparecido la Ley del embudo, que ha adquirido carta de ciudadanía y respaldo legal. Es más, este sistema es cada vez más abierto, pero la parte ancha es para quienes se relacionan con quienes controlan la justicia, y el extremo inferior es más cerrado para quienes no tienen “muñeca” y protección.

En la actual realidad, como en el pasado, persisten las injusticias; los inocentes pobres están tras de rejas y los culpables ricos están gozando de libertad y cargos públicos, favorecidos por la hegemonía estatal, las prebendas oficiales y mirando de arriba a todo el mundo. Algunos cayeron acusados por apoderarse de un pan y otros permanecen impunes e inmunes, a pesar de ser descubiertos con las manos en la masa, haciendo trampas para obtener millones de dólares.

No se trata de apreciaciones subjetivas, sino de realidades palpables. Se tiene, por ejemplo, el caso de los responsables del Fondo Indígena, entidad que sufrió un desfalco de varios millones de dólares, de los cuales algunos han salido de la cárcel o bien ya están por hacerlo, y otros andan libres pese a tener condena con prisión domiciliaria.

Qué decir del caso de las barcazas chinas, que significó daño al Estado por 20 millones de dólares y cuyos responsables gozan de inmunidades, mientras personas de responsabilidad intermedia esperan el supuesto comienzo de un juicio y el futuro en la cárcel de San Pedro o en Chonchocoro.

Otro caso notable de corrupción, entre otros sin aclaración, es la compra con sobreprecio de aviones y motores del TAM, en el cual el principal implicado pasó a ocupar cargos en la alta jerarquía castrense y funciones diplomáticas, mientras funcionarios subalternos fueron dados de baja con ignominia. Tales hechos revelan, en forma transparente, la vigencia del “imperio de la ley”: ancha para unos, delgada para otros.

La lista es larga, como el caso de Gabriela Zapata, expareja del Presidente del Estado Plurinacional, mientras el asunto de millones de dólares con una empresa china no fue investigado, a la par que otras personas, al parecer inocentes, siguen cargando sobre sus espaldas con el peso de la ley. Una perla más: mientras el alcalde Leyes de Cochabamba es objeto de persecución implacable por un delito aún no aclarado, el exalcalde cochabambino Edwin Castellanos (el del puente colapsado), es beneficiado con que los fiscales dilaten el proceso para no perjudicarle. Sin vuelta de hoja, la Ley del embudo está en vigencia.