El ministro y el juez

En algunas líneas conviene decir todo lo que merece la intromisión del Ministerio de Justicia en los asuntos de la justicia. Desde luego, debo advertir que la separación de los Poderes del Estado Boliviano está dentro de la Constitución, por mandato del pueblo.

LA INDEPENDENCIA

La independencia de la justicia con respecto a los poderes políticos (el Ejecutivo, el Parlamento) debe ser restablecida y garantizada. Recientemente el Dr. Héctor Arce, Ministro de Justicia, no solamente anunció que pedirá la suspensión del juez Alberto Guzmán, porque considera “que un Juez no puede ir en contra de sentencias constitucionales, que son de cumplimiento obligatorio”. También la autoridad interviene en la nominación de jueces, magistrados y notarios; como se puede apreciar, él tiene facultades exorbitantes dentro del Estado boliviano. ¿Así se tendrá una justicia independiente y de calidad?

El buen Ministro hasta cree que el Consejo de la Magistratura debió actuar preventivamente contra el magistrado de Garantías. Esas declaraciones temerarias no fueron contestadas desde la ciudadanía, menos desde el colectivo judicial. Consiguientemente, en un gobierno de ministros donde unos dicen y otros contradicen, solo resta esperar que un acto de constricción haga bajar la tensión creada por las palabras del titular de Justicia y se siga trabajando -desde el gobierno principalmente- con lealtad con el llamado “Órgano Judicial”.

LA LEY Y LA JURISPRUDENCIA

Las descalificaciones que preceden provienen de personas que ostentan responsabilidades públicas, concentrando el Poder del Estado en considerables competencias. El ministro de Justicia, Dr. Héctor Arce, debía hacer cuenta -cuando menos- que los jueces de Bolivia actúan de acuerdo con lo establecido en la ley y de conformidad con la jurisprudencia: ¡únicos criterios a los que están sometidos! Otra cosa es que existan discrepancias a propósito de la calificación jurídica de los hechos, las mismas que pueden ser resueltas a través del sistema de recursos establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Consiguientemente, no se puede ignorar todo ello frente a una intervención que compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece por parte de los ciudadanos.

Finalmente, es necesario recordarles a las autoridades de turno que nuestra Constitución, por mandato del pueblo, establece una justicia impartida por jueces y magistrados profesionales, independientes e imparciales. Y pare de contar, porque además si existen discrepancias sobre calificación jurídica de hechos, a ellos -los hechos- se los puede y debe hacer valer a través del sistema de recursos establecido por nuestro ordenamiento jurídico; pero jamás con juicios, destituciones triviales u opiniones temerarias.

Entre tanto, se da un inhóspito asunto moral, cual es de dejar a los pies de los políticos el compromiso de hacer Sentencias - Autos, en el infectado ambiente boliviano. Mal grado de la excelente respuesta del juzgador: “mi actuación ha sido dentro del marco de la ley y la Justicia”.