Cuestionan labor de “Comisión de la verdad”

La Defensoría del Pueblo y la Plataforma de los Luchadores Sociales Sobrevivientes de las Dictaduras cuestionaron ayer que la “Comisión de la verdad” haya calificado como confidencial los avances de la investigación sobre la vulneración de derechos humanos, durante los regímenes dictatoriales.

Tras la muerte del exdictador Luis García Meza y ante el lento avance en el proceso investigativo, las víctimas anunciaron asumir medidas de presión.

A solicitud de los afectados por las dictaduras, la Defensoría del Pueblo solicitó informe a cinco instancias del Estado: Ministerio de Justicia, de Defensa y Relaciones Exteriores, Caja Nacional de Salud y a la Comisión de la Verdad, con la intensión de que se desclasifiquen los archivos militares

“En la respuesta de la Comisión de la Verdad se arguyó el principio de confidencialidad, pese a que lo que se ha pedido era conocer el plan de trabajo acciones y avances de la investigación. Es cuestionable este accionar y en caso de que no respondan correctamente se procederá a una denuncia penal”, dijo escuetamente David Tezanos, defensor del Pueblo.

La Comisión de la Verdad fue posesionada por el presidente Evo Morales, el pasado 11 de agosto de 2017. De los cinco integrantes, uno renunció: Eusebio Gironda, quien alegó asuntos personales.

Trascurrieron ocho meses y hasta el momento no se conoce avance alguno en las investigaciones de lesa humanidad durante el periodo dictatorial en el país 1964-1982.

María Isabel Viscarra, parte de esta delegación, aseguró que la Comisión de la Verdad, que comenzó su trabajo en agosto del año pasado, continúa su labor, a pesar de la muerte del general Luis García Meza, a través de un equipo multidisciplinario formado por abogados, investigadores, historiadores, documentalistas, entre otros.

Señaló que se habilitaron tres centros para realizar el trabajo en Santa Cruz, Cochabamba y centros mineros y la labor se dividió por épocas y años.

ACCIONES

El presidente de la Plataforma de los Luchadores Sociales Sobrevivientes de las Dictaduras, Julio Llanos, advirtió que en caso de que no sean atendidos por el Gobierno asumirán medias de presión.

“Estamos pidiendo el cumplimiento de la Ley 2640 de resarcimiento calificado a cada una de las víctimas de la Violencia Política que nos otorga la atención gratuita en salud, la atención de sepelio de los afectados y el resarcimiento de daños; hasta la fecha ninguno de estos puntos se ha cumplido”, destacó Llanos.

REUNIÓN

Por último, Llanos indicó que en este mes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunirá, están solicitando participar y denunciar el incumplimiento de la atención a las víctimas de la dictadura por parte del Estado.

“Estamos tramitando para que la CIDH nos reciba en una audiencia, hemos pedido un espacio para denunciar estos hechos”, dijo el afectado.

El 19 de marzo de 2015 se llevó a cabo una sesión en la CIDH, los afectados denunciaron que en Bolivia no existe voluntad política para la desclasificación de los archivos de las Fuerzas Armadas, que sería el modo de esclarecer varios casos pendientes de desapariciones forzadas.

En esa sesión, el organismo internacional recomendó la creación de una Comisión de la Verdad, la reparación de daños y la asistencia social a las víctimas de la dictadura.