‘Microcorrupción’ es problema mayúsculo en sistema judicial

La ‘microcorrupción’ en el sistema judicial es un problema mayúsculo del sistema, emergente de la falta de presupuesto, infraestructura y de recursos humanos, según análisis del responsable de la Magistratura en La Paz, Williams Dávila.

“Hemos analizado este tema y estamos hablando de micro-corrupción desde llegar a una oficina de la Fiscalía, de la Policía, juzgados y, en el transcurso del proceso, hablamos de corrupción con características mucho más preocupantes”, afirmó la autoridad contralora de los operadores de justicia.

En criterio del magistrado, la insuficiencia presupuestaria tiene que ver con este asunto y hasta constituye el inicio de este problema mayúsculo para el sistema de administración de justicia.

“Tenemos practicantes que no reciben sueldo, como los pasantes, por eso son supernumerarios, por eso hablamos de micro-corrupción. Son personas que no ganan sueldo, el Estado no ha previsto (en el sistema judicial) que todo servidor público tiene que ser remunerado y de esa manera tener autoridad para exigir que no cobre un solo centavo”.

En este sentido, Dávila señaló que el principio básico de gratuidad de la justicia no se aplica plenamente, porque el Estado no otorga presupuesto para asuntos como las fotocopias, mecanismos para notificar, pasajes o vehículos, si bien son costos cubiertos por la parte interesada; ejecutar estas acciones son el principio de lo que constituye el fenómeno de la ‘microcorrupción’ en el sistema de administración de justicia.

PRESUPUESTO INSUFICIENTE

“Un oficial de diligencias que gana lo mínimo, y lo digo con conocimiento de causa, no va a sacar de su bolsillo para notificar, son recursos que debe asumir la parte interesada”, apuntó la autoridad tras señalar que esta situación da lugar a distorsiones que ahora son un gran conflicto para el sistema judicial, en un sentido integral.

“Si el Estado diera presupuesto para estas diligencias, entonces la justicia sería gratuita y podríamos decir que las partes no tienen que pagar. Pero quienes también incurren en este tipo de hechos y acostumbran a esa forma de trabajo son las partes. A diferencia de que la parte interesada vaya con su abogado y exija un trabajo eficiente.

En este contexto, Dávila señaló que el sistema de administración de justicia enfrenta un severo problema, motivado tanto por quienes fomentan la corrupción y otro que se ha acostumbrado a esa forma de trabajo, porque los funcionarios judiciales no reciben pago alguno del Estado.

“El ministro de Justicia, Héctor Arce, en su informe sobre tal situación dijo que con un presupuesto del 5% del PGN no podemos subsistir y con un con 2% desaparecemos. No es cuestión de presentar la ley para resolver este tema, es tener la ley y ver qué medios le estamos dando acerca de los recursos humanos necesarios, los juzgados necesarios y dentro de esto el sueldo a los oficiales de diligencias”, expresó el magistrado.

CULTURA DE PLEITO

Otro aspecto a tomar en cuenta, que también motiva la sobrecarga procesal, tiene que ver con la cultura de pleito del ciudadano boliviano, que en la actualidad no ha logrado hacer de los mecanismos de conciliación una respuesta para resolver sus problemas de interés personal.

Racionalmente, refirió la autoridad judicial, debemos pensar que sin justicia no hay Estado de Derecho ni Estado democrático. Estos extremos deben ser considerados para tener un presupuesto adecuado asignado a la justicia. “La Policía, el Ministerio Público y los tribunales deben meditar mucho para realizar sus cambios urgentes, para dar algo de credibilidad a la población.

En este sentido, parte de la problemática tiene que ver con el crecimiento del mundo litigante respecto del déficit de los recursos humanos. Es decir que el número de servidores en el sistema judicial no ha aumentado en la misma proporción que los litigantes.