Prensa, democracia y libertad

La prensa es guardián de la democracia y los medios libres e independientes son un factor crucial para la democracia. Sin estos medios y periodistas, que trabajan protegidos por el Art. 106 de la Constitución Política del Estado, que otorga garantías al derecho de la comunicación, información y la libertad de expresión, no habría una verdadera democracia.

Por ello la CPE expresa: “El Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.

En caso contrario, estaríamos marchando peligrosamente hacia una hegemonía comunicacional y de poder absoluto. Es por eso que la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP denunció el acoso y “asfixia financiera” que sufren los medios de comunicación en Bolivia, y considera que el afán de Evo Morales de ser reelegido “de manera indefinida” socava los cimientos de la democracia.

La SIP al finalizar la reunión de medio año, celebrada en Medellín, Colombia, sostuvo que ante los asesinatos de periodistas debemos reflexionar profundamente, sobre el papel que jugamos en la defensa de las libertades fundamentales de expresión y de prensa. Y es que en Cuba la represión estatal va en aumento; el control es terrible en Venezuela, así como el hostigamiento en Bolivia. Nuestro país se ubica en el antepenúltimo lugar de Sudamérica en cuanto a libertad de prensa, según datos procesados de la edición 2018 de la clasificación mundial de la libertad de prensa de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF). “En Bolivia, la prensa sobrevive en medio de una gran precariedad”, se lee en su documento difundido. “El gobierno de Evo Morales, quien llegó a la Presidencia el 2006, hace callar a los medios de comunicación críticos y los funcionarios no dudan en atacar en público a los periodistas de oposición o emprender procesos judiciales para amordazarlos”, agrega.

La ANP alertó sobre la persecución a medios independientes. Marcelo Millares denunció esta persecución que incluso se extiende al ámbito financiero, como con las doce leyes y disposiciones que obligan a la difusión gratuita de propaganda oficialista, lo que es un claro atentado a la libertad de prensa.

El periodista José Luis Toro, investigador sobre las FARC, manifestó en una entrevista que la libertad de expresión es parte fundamental de la democracia y cuando se atenta contra ella, se atenta contra el pueblo, contra su derecho a informarse, por lo tanto los guerrilleros disidentes de las FARC se convierten en asesinos de personas y de la libertad de expresión.

Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, en la XVIII Cumbre de las Américas pidió a los gobiernos que defienden al “régimen asesino y autoritario” del presidente venezolano Nicolás Maduro, que piensen en el pueblo de Venezuela y cambien su posición y se permita dar ayuda humanitaria al pueblo venezolano.

Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, del año 1948, el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental. El documento de Naciones Unidas establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” (Art. 19).

En esa misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos define “que el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, donde el acceso a la información de carácter público permite la participación ciudadana en el control de los intereses de la sociedad”.