Asfixia a medios empuja la inestabilidad laboral

En el “Día del Periodista Boliviano”, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) alertó que las políticas que impulsa el Gobierno central, de asfixia económica a los medios de comunicación independientes, ponen en riesgo la estabilidad laboral no sólo de periodistas sino de todos quienes trabajan en el rubro informativo.

“La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia expresa un profundo reconocimiento al trabajo esforzado de mujeres y hombres periodistas, y alerta que las políticas de asfixia a los medios de información están empujando a una situación de inestabilidad laboral en el sector”, dice la entidad en un comunicado público que difundió ayer.

Hoy se conmemora el Día del Periodista Boliviano, conmemorando la memoria de Cirilo Barragán a quien el dictador Mariano Melgarejo, en 1865, ordenó su ejecución por un artículo periodístico que molestó a su dictadura.

Sin embargo, fue en 1938 que Germán Busch dispuso, mediante decreto supremo, que el 10 de mayo se conmemorará en Bolivia el “Día del Periodista”.

En ese marco, la ANP alertó que el gremio de la prensa atraviesa por una situación frágil e inestable, cuando se tiene un Gobierno que ostenta la administración del Estado por más de 12 años.

“El ejercicio del periodismo atraviesa el camino de mayor fragilidad por rasgos de impunidad que impiden la sanción a los agresores de radialistas, reporteros y camarógrafos. Un fallo judicial reciente, que liberó al principal responsable del intento de asesinato del periodista Adolfo Yavarí, en el municipio de Villamontes (Tarija), es la prueba de nuestra afirmación”, expresa el comunicado de la institución.

Asimismo, agrega que “el discurso gubernamental de estigmatización del trabajo periodístico, con denominativos como el ‘cártel de la mentira’ o la desacreditación de periodistas por su posición crítica, muestra el grado de las presiones directas e indirectas con la finalidad de silenciar el tratamiento de temas de interés público, pero incómodos para los círculos de poder”.

En ese marco, la ANP convoca a los periodistas a “fortalecer las instituciones defensoras de las libertades de expresión y de prensa, con la finalidad de preservar los derechos a informar y ser informado, y reafirmar los principios democráticos”.

DATOS DE AGRESIONES

En la audiencia sobre la Situación del Derecho a la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa en la Región Andina, en el marco del 167 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Colombia, la ANP informó que entre 2010 y 2017 reportó un total de 136 agresiones físicas contra periodistas y medios de información, además de otros 155 casos de agresiones verbales y amenazas.

La entidad informó además sobre la persecución judicial contra el periodista Wilson García, y demandó justicia para las periodistas Yadira Peláez y Claudia Pardo, ambas procesadas por denunciar acoso en la empresa estatal de televisión. Citó, asimismo, el injusto encarcelamiento de los periodistas Carlos Quisbert y Juan Carlos Paco, en el año 2015.

El informe de la ANP recuerda también que el “gobierno califica de ‘opositores’ a periodistas y medios independientes, incitando a sectores afines al Gobierno, a golpear, despojar de equipos y agredir verbalmente a reporteros encargados de la cobertura de conflictos sociales”.

Desde 2010, el Gobierno de Bolivia promulgó 12 leyes y decretos que “obligan a los medios a convertirse en portavoces de promoción de políticas gubernamentales, sin retribución alguna, a pesar de que el artículo 46 de la Constitución Política del Estado expresa claramente que nadie puede ser obligado a prestar un servicio sin su consentimiento y justa retribución”.

Como efecto de estas disposiciones, radioemisoras canales de televisión, periódicos, revistas y portales de noticias deben difundir de manera gratuita estas campañas, “generando enormes costos para sus debilitadas finanzas”, destacó.

“Parte de esta política de asfixia es la privación de publicidad estatal a todo medio reacio a someterse a sus políticas comunicacionales, al extremo de que hubo medios que para no perder la pauta publicitaria estatal despidieron a varios periodistas de investigación y análisis”, denunció la ANP y recordó que, en mayo de 2017, el presidente Morales justificó su política con esta afirmación: “Medios que no reciben publicidad del Estado son los que mienten, insultan, difaman y desprestigian autoridades”.