Indulto y amnistía penitenciaria se debe a reajuste presupuestario

El presupuesto asignado para los centros penitenciarios de La Paz se redujo de Bs 18.2 millones asignados para el 2017 a Bs 17 (menos Bs 1.2 millones) para esta gestión, la descongestión de la población penitenciaria mediante indulto y la amnistía permitirá atender a las cárceles con este nuevo presupuesto reducido, aspecto administrativo que no afectará al presupuesto de la Gobernación.

El vocero de la Gobernación de La Paz, Edgar Ramos, explicó que la transferencia de recursos para los recintos penitenciaros y la reducción de este obedece al Decreto Supremo Nº 1854 de 2017, que en su artículo único dispone que “…las entidades territoriales autónomas departamentales son responsables del pago total de los gastos por los prediarios de todas las personas privadas de libertad…”, con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

“La reducción del presupuesto destinado a los recintos penitenciarios, al menos en lo que concierne al departamento de La Paz, está determinado por los precios de los hidrocarburos. Al ser fondo del IDH está sujeto a la fluctuación de sus precios, en caso de bajar los ingresos por este rubro obviamente estos fondos también van a disminuir”, puntualizó.

Los gatos que deben ser cubiertos con ese impuesto son los de servicios básicos (agua, energía eléctrica, telefonía y gas domiciliario), además de la alimentación hospitalaria.

“El pago de este servicio, con recursos del IDH, no tiene lógica con el objetivo y razón de ser, porque esos fondos están destinados a la inversión pública en obras de desarrollo. No creo que sea inversión pública pagar servicios penitenciarios”, apuntó Ramos.

En este sentido, las gobernaciones cumplen solamente funciones de cajero y pagadores, no así de administradores de esos dineros, como en determinado momento consideraron los privados de libertad que reclamaron por la insuficiencia del monto destinado a la población privada de libertad, actualmente Bs 8 por cada interno.

BUROCRACIA INNECESARIA

Según explicó Ramos, el pago de servicios para el sistema penitenciario no es el único ajeno a la administración departamental asignado mediante decreto, mecanismo que sólo agrava la ruta crítica de la administración pública.

“Personalmente, creo que a la Gobernación no le influye en nada que haya un Decreto de Indulto y Amnistía o que no lo haya. Todos los mecanismo y su administración está en manos del Ministerio de Gobierno”, apuntó el vocero de la Gobernación, tras aclarar que como cabeza de sector la administración del sistema penitenciario está a su cargo mediante una Dirección de Régimen Penitenciario.

Dentro de ese ordenamiento administrativo, Ramos consideró que los recursos financieros para ese sistema también deben ser administrados por el Ministerio de Gobierno.