Santa Cruz y Chuquisaca en disputa por renta petrolera

El conflicto por la propiedad de los campos Aquío e Incahuasi entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca tiene como trasfondo una aguda disminución de los ingresos fiscales del Estado y, al mismo tiempo, revela la profundización del rentismo en Bolivia. Esto activó una intensa lucha por la renta petrolera entre departamentos y el Gobierno central.

La producción de gas disminuyó de 59 millones de metros cúbicos por día (MMm3d) a 55 MMm3d debido a la menor demanda del mercado brasileño y a la falta de capacidad de producción de nuevos volúmenes por el agotamiento de campos como San Alberto y por la ausencia de nuevos descubrimientos. El último megacampo incorporado a la producción nacional de gas es Incahuasi, con una producción de 7 MMm3d.

En términos de renta, las cifras que disparan la actual disputa entre Santa Cruz y Chuquisaca por Incahuasi son indicativas: la renta petrolera el 2016 fue de $us 1.912 millones. En 2017 alcanzó los $us 1.755 millones. Estas cifras, comparadas con los años 2015 (3.837 millones) y 2014 (5.489 millones), muestran una disminución de ingresos fiscales absoluta para el Gobierno central y los departamentales que reciben IDH y regalías del 11%, lo cual dificulta la gestión administrativa de los últimos con mayor severidad.

La Fundación Jubileo señala que en los últimos dos años, a partir de 2015, los recursos por transferencias del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las regalías cayeron en un 34% para los municipios y en 55% para las gobernaciones. Si a esto les añadimos las deducciones que el Gobierno realiza a las gobernaciones y universidades, en aplicación de la Ley de Incentivos (12% y 6% de IDH, respectivamente), el cuadro está completo para estimular la disputa entre departamentos y Estado central por la renta.

LA DIMENSIÓN PARTIDARIA

Queda claro que al MAS le interesa que la Gobernación de Chuquisaca tenga rédito político por la disputa sobre Incahuasi, algo muy poco probable por los resultados del estudio técnico, de cara a potenciar una gestión venida a menos desde sus inicios ante los ojos de la población.

Por otro lado, al congelar los ingresos de la Gobernación de Santa Cruz —aproximadamente 5 millones de dólares mensuales— le genera una asfixia económica, hecho considerado por el gobernador Rubén Costas como un “golpe de Estado” que busca desgastar su imagen para inhabilitarlo políticamente y luego tomarlo preso. Vladimir Peña, secretario de esa Gobernación, fue más allá y advirtió una “mano negra” para perjudicar el desarrollo de Santa Cruz y enfrentar a dos pueblos.

No cabe duda del peso demográfico de Santa Cruz respecto a Chuquisaca a la hora de contar los votos de las próximas elecciones, en las que el MAS se juega la vida. En ese marco, el masismo cruceño desarrolló una intensa crítica al Gobernador de Santa Cruz por Aquío e Incahuasi, deslegitimando su gestión.

PROPIEDAD REAL DEL CAMPO

Sin embargo, el tema central es la propiedad real y concreta de Aquío e Incahuasi. ¿A quién le pertenece? ¿Quién opera esos campos?

Cabe recalcar que la disputa entre Santa Cruz y Chuquisaca es por el 11% de las regalías e IDH, olvidando que el paquete accionario de estos campos pertenece en un 90% a empresas transnacionales. El paquete está dividido entre la francesa Total (50%), la rusa Gazprom (20%), la ítalo-argentina Tecpetrol (20%) y la subsidiaria YPFB Chaco (10%). La operadora es Total.

Estos datos muestran el estado actual de la industria petrolera en Bolivia con claro predominio de las empresas extranjeras sobre YPFB, que, a pesar del discurso “nacionalizador” del MAS, no tiene la suficiente capacidad administrativa y operativa para intervenir en la explotación y operación de la industria petrolera nacional.

Un planteamiento concertado y con visión de país por parte de las autoridades cruceñas y chuquisaqueñas habría sido exigir la nacionalización de Aquío e Incahuasi para que sean operados por YPFB y recuperar el 100% de la renta petrolera para el país. Por el contrario, las autoridades departamentales y sus élites iniciaron una disputa por el 11% de las regalías e IDH, sin visión nacional.

A esto hay que añadir los conflictos intradepartamentales por la renta: la provincia Cordillera (de Santa Cruz) y Luis Calvo y Hernando Siles (de Chuquisaca), cuestionando el centralismo histórico en ambos departamentos, exigen una nueva distribución de las regalías homologando lo conseguido por el Gran Chaco tarijeño, es decir, el 45% del 11% de las regalías, y profundizando los niveles de conflicto por la renta petrolera.

En perspectiva, la querella por la renta gasífera irá en aumento por la disminución de los ingresos fiscales y de la producción, además del agotamiento de las reservas de gas.

DISPUTA POR MARGARITA

El antecedente previo al actual conflicto por Incahuasi fue la disputa entre Chuquisaca y Tarija por Margarita entre 2010 y 2012. Luego de intensas negociaciones por dos años, y de un estudio técnico realizado por la empresa especializada en campos compartidos Gafney Cline & Associates, se dieron a conocer los factores de distribución del reservorio H1b para Tarija y Chuquisaca. Este último departamento demostró con ese trabajo que Margarita/Huacaya es un campo compartido y, así, debe participar de las regalías de uno de los reservorios gasíferos más importantes del país. Eso ocurre desde el 2012.

Sin embargo, el estudio técnico de la canadiense GLJ Petroleum Consultants Ltda. sobre Aquío e Incahuasi, concluido en agosto de 2016, dio como resultado que todas las reservas de estos dos campos se encuentran en Santa Cruz. El informe fue cuestionado por la Gobernación de Chuquisaca y el conflicto persiste con movilizaciones y disputas legales.

Más allá de esto, la pregunta es: ¿Los importantes recursos hidrocarburíferos, regalías e IDH —más de $us 1.000 millones desde el 2006 para Chuquisaca y más de $us 4.000 millones en el caso de Tarija—, derivados de una materia prima no renovable, fueron orientados e invertidos centralmente para transformar la matriz productiva de estos departamentos?

La respuesta es negativa.

SALIDAS

Los pueblos chuquisaqueño y cruceño deben exigir la nacionalización de Aquío e Incahuasi para que estos campos sean operados por YPFB, para superar la lógica rentista y para utilizar sus recursos económicos y energéticos en aras de implementar un nuevo modelo de desarrollo departamental y nacional.

YPFB no ha logrado convertirse en una empresa totalmente operativa y con Aquío e Incahuasi lo conseguiría. Esto permitiría a Chuquisaca y Santa Cruz contar con una empresa nacional que genere empleos, conocimiento de la industria gasífera y el desarrollo de planes de explotación de estos campos en función de sus intereses.

Chuquisaca y Santa Cruz deben tener el objetivo central de no repetir la historia de Potosí, Camiri o, recientemente, de la misma Tarija. Promover una nueva política sobre sus hidrocarburos y renta petrolera para constituirlos en la base de un nuevo desarrollo más allá del extractivismo. Industrializar y utilizar ese gas para dinamizar su economía productiva departamental. Más producción agrícola y más industrias con energía disponible, barata y limpia, como el gas. Esto generaría más empleos que la lógica rentista.

El gas es un recurso finito y no renovable. La capital petrolera dejó succionar el petróleo del campo Camiri —que fue la base de la autosuficiencia energética del país— y hoy es un pueblo pobre y abandonado. Tarija vive en carne propia el agotamiento del campo San Alberto, sin haberlo aprovechado para salir de la pobreza con la implementación de una economía diversificada y productiva. La política centrada en la disputa de la renta, intensificación de la exploración y explotación de campos para generar más regalías sin tener una nueva visión de desarrollo departamental y nacional, repite el círculo vicioso: extracción de riqueza y profundización de la pobreza. Habría que agregar: ampliación de la burocracia.

A propósito, la Fundación Jubileo sostiene que de los $us 15.000 millones que recibió el Estado por el IDH entre 2005 y 2017 —representando más del 20% de los ingresos tributarios—, el 66% ha sido asignado a gastos corrientes y otros, y solo 34% a inversión.

Este es el resultado de haber reducido la discusión sobre la política pública de desarrollo en la prensa, gobernaciones, partidos, organizaciones sociales y cotidianidad social a la obtención de rentas vendiendo un recurso no renovable y estratégico, como es la energía, sin utilizarlo para el desarrollo nacional, lo que reafirma el derrotero primario exportador de Bolivia y profundizando ad eternum la pobreza.

Con la disputa de Margarita/Huacaya y ahora Aquío e Incahuasi (luego será Huacareta, Azero, Aguaragüe y Tiacia), se persiste en la lógica rentista que se arrastra desde la fundación de la República. La querella por la renta que se acentuará en el futuro expresa una visión histórica chata del liderazgo nacional y regional, masista y opositor, en directa continuidad con la historia del país.

Se necesita un nuevo proyecto nacional, un planteamiento concertado, fraterno y con visión de país, por parte de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y Bolivia, para exigir la nacionalización de Aquío e Incahuasi y que sea operado por YPFB. De esta manera se posibilitaría que el pueblo boliviano en su conjunto se beneficie del 100% de la renta petrolera del campo, pero, sobre todo, se garantizaría una explotación adecuada, técnica y racional del reservorio, evitando su superexplotación y orientando la producción de gas al mercado interno, procesos de industrialización y dinamización de la economía con energía barata, limpia y disponible como factor de producción, indispensable para el desarrollo.

Por Mirko Orgáz García