UD pedirá auditoría por consorcio de jueces

La bancada de oposición solicitará al Tribunal Departamental de Justicia y al Consejo de la Magistratura que realice una auditoría a los procesos que estaban a cargo de la juez Primero Anticorrupción, Cynthia Delgadillo, que fue detenida por el traslado de 14 expedientes a la oficina de un abogado.

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría observó el accionar de la juez y la vinculación que tiene con el abogado Boris Ch, que también fue aprehendido. Advierte que hay una intensión política de favorecer a implicados en casos de interés nacional.

“Lo que vamos a hacer es pedir es que se haga una auditoría técnica jurídica a todos esos procesos para ver si se obró de la mano de la ley o fueron con tintes políticos para favorecer a alguna exautoridad”, explicó el legislador.

Delgadillo fue enviada el jueves con detención preventiva al Centro de Orientación Femenina (COF) de Obraje. Para su asistente se determinó detención domiciliaria.

Este hecho se conoció a través de un video en el que se observa al personal de su oficina trasladar en sacos de plástico expedientes desde el juzgado a cargo de la juez a las oficinas particulares del abogado Boris Ch.

Bajo el control jurisdiccional de la juez procesada estaban los casos del Fondo Indígena, de Gabriela Zapata que tenía vínculos con la empresa china CAMC, el desfalco al Banco Unión, la adjudicación irregular de tres Taladros por parte de la estatal de YPFB.

Según informe de la Fiscalía, los expedientes en su mayoría eran acusaciones formales de distintos procesos que se llevaron entre 2013 y 2017, los cuales debían enviarse a un tribunal de sentencia.

Santamaría resaltó que la juez tiene un proceso en el Consejo de la Magistratura, además de una imputación en una denuncia penal en su contra. Sus actuaciones como en el caso del millonario desfalco al Banco Unión fueron observadas.

A la vez sospechó que este consorcio de abogados tiene ligazón con el Movimiento al Socialismo y pretendía favorecer a los implicados en los casos anteriormente señalados, con la finalidad de que se impliquen a más funcionarios.

Al momento están comprometidas con los hechos cuatro personas. La juez y su secretaria, quien fue beneficiada con detención domiciliaria, además de un pasante y el abogado.