La Asamblea Legislativa rechazó que el gobierno amnistíe o indulte a exiliados y perseguidos políticos. El gobierno decidió, hace pocas semanas, indultar a más de dos mil presos en las cárceles, con excepción de asesinos y narcotraficantes y de aquellas personas que no hayan cumplido siquiera una parte de sus sentencias.
El país esperaba, desde hace años, que el gobierno amnistíe a exiliados y presos políticos, especialmente a aquellos que no han tenido cargos por delitos o faltas que hayan cometido; la solicitud consignaba a aquellas personas inculpadas arbitrariamente, acusadas de atentados contra el país y el gobierno por haber promovido separatismos y delitos que jamás cometieron y de los que nunca se presentó prueba alguna.
La solicitud de indulto o amnistía era por el hecho de los crímenes cometidos contra tres extranjeros que fueron acribillados en el Hotel Las Américas y que nunca se demostró su participación en hechos contrarios al gobierno. Este hecho determinó que dirigentes cívicos de Santa Cruz hayan sido acusados de conspiración contra el gobierno, pero jamás se presentó prueba alguna. Estas personas, con justo derecho, tendrían que ser amnistiadas y liberadas de toda acusación.
El caso del Hotel Las Américas que conmovió a todo el país y despertó condenas a nivel internacional, jamás fue aclarado conforme a las leyes; al contrario, se pretendió complicarlo más y los resultados fueron que los tres inculpados dormían en una habitación y fueron sorprendidos por los efectivos policiales con descargas de ametralladora; es un caso que, no obstante el tiempo transcurrido, jamás tuvo explicación y parientes de las víctimas, conjuntamente la colectividad nacional, querían que sean aclarados con las explicaciones basadas en la verdad y reconocimiento de que se trató de un acribillamiento sin razón alguna o, simplemente, con la versión de que los tres victimados “eran parte de un complot contra el gobierno”.
El rechazo al indulto o amnistía, por el partido de gobierno MAS, es un acto injusto, es contrario a la Constitución y las leyes, por el hecho de que exiliados y perseguidos políticos no han sido inculpados por delito alguno y tampoco se sabe que hayan sido sentenciados en los respectivos juicios y su encarcelamiento durante tantos años es totalmente injusto y debido simplemente a inquinas político-partidistas. Amnistiar a todas esas personas sería un acto humanitario y una reparación de la injusticia cometida con ellos y en contra de sus familias, especialmente si se tiene en cuenta que jamás se les ha comprobado los delitos atribuidos, especialmente de haber sido parte de complots.
El gobierno, reconociendo lo injusto de sus acusaciones, debería dictar amnistía total a favor de políticos exiliados y perseguidos que merecen la restitución de su libertad y derechos ciudadanos.
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