Independencia de la justicia en Bolivia es “solo prosa”

La independencia del Poder Judicial en Bolivia es “sólo prosa” que reza en la Constitución Política del Estado (CPE). No existe el ejercicio real de esta condición en el contexto de la crisis que enfrenta el sistema de administración de justicia vinculada al poder político e intereses económicos particulares como el caso del país, según analiza el abogado y exfiscal Alberto Costa Obregón.

El jurista, en entrevista con EL DIARIO, puntualizó que la independencia de poderes se cumple cuando el administrador de justicia actúa en función de las pruebas que le presenten y de la realidad, aspecto que aún no es posible en Bolivia debido, además, al sometimiento de poder político coyuntural.

“Los que se someten al poder político (coyuntural) en el Legislativo y Ejecutivo son los jueces y los fiscales que deben conservar su cargo, su puesto, su ingreso de dinero, porque en el país es muy difícil conseguir trabajo. No existe industria, no existe posibilidades de desarrollarse en un trabajo digno lo que tenemos es empleo, mientras el resto se dedica al comercio informal para sobrevivir”, afirmó Costa Obregón, tras aclarar que este aspecto no ha sido abordado con solvencia como parte de la crisis del poder judicial.

A decir del exfiscal, los jueces han elegido asumir la actitud de lo que él denomina “plan mamífero. Primero yo, luego los que estén más cerca mío y el resto no me importa”. En este contexto, cuestionó la “falta de sindéresis de los jueces porque ejercen el cargo, temerosos de los grupos de poder”.

“Si el juez no tiene posibilidades de ponerse en el medio para definir a favor de uno u otro cómo podría actuar. Más aún si la mayor parte del país vive de la informalidad y del contrabando. En esas condiciones un cambio real en el sistema de administración de justicia no es posible. Es un criterio real no pesimista”, según analiza Alberto Costa Obregón.

Al respecto, el responsable departamental del Consejo de la Magistratura en La Paz, Williams Dávila, afirmó que la independencia en la administración de justicia no necesariamente está vinculada a aspectos económicos, de poder, o académicos, sino a la calidad humana y discernir entre lo que está bien y mal.

No obstante ambos juristas coinciden en señalar que el saneamiento del sistema judicial boliviano es una ardua tarea de largo plazo, que varios gobiernos han intentado cumplir, con sus propias particularidades, pero no han logrado tal propósito por la complejidad de las contrariedades al interior del propio sistema.

DON DE SERVICIO

Para Dávila, un buen sistema de administración de justicia independiente no está garantizado por la formación académica ni por el poder económico o político. “La justicia es tener valores y dentro de esos valores es conocer lo que es justo, o no. El sistema acusatorio oral ha nombrado a los jueces ciudadanos, los legos, para saber qué está bien y qué ésta mal, este discernimiento no necesariamente necesita de la academia”.

En materia penal, específicamente, en criterio de Dávila, puede ser un juez de brillante producción intelectual o literaria pero jamás ha resuelto un conflicto puesto a su conocimiento, “por eso digo que para impartir justicia se debe tener un criterio de sana crítica sin dependencia de ninguna naturaleza. Esto no necesariamente implica academia o poder económico”, considera el magistrado.

INDEPENDENCIA

A su vez, Costa Obregón agrega que siendo el Poder Judicial el contrapoder de los ejes Ejecutivo y Legislativo, el que les pone los límites, no basta con cambiar a las personas sino contar con gente que reconozca la importancia de mantener la independencia individual y no colectiva, aspecto de muy largo plazo en el caso de Bolivia, sino imposible.

“El sistema judicial es una estructura ética, pero si le deben el cargo a una persona que le favoreció entonces tiene que responder a esa persona. El ejercicio del poder en nuestro país es omnímodo, entonces los fiscales y jueces no van a tener la capacidad de representar el ejercicio de ese poder y de sus funciones”, cuestionó.

Desde este análisis, la situación del poder judicial en Bolivia “es un asunto dramático que se refleja en el serio cuestionamiento de la ciudadanía a las actuaciones de los jueces y fiscales mientras estas autoridades reclaman su independencia”.

“Se cuestionan los fallos de los jueces porque no los consideran respetables y si no son respetables la sociedad puede ver como ilegítima una decisión judicial”, refiriéndose al proceso de elección de autoridades judiciales marcado por el ausentismo, votos en blanco y nulos.