Cárcel para abogado y pasante por caso Delgadillo

El juez segundo anticorrupción, Alan Zárate, determinó conceder detención domiciliaria al pasante del Juzgado Primero Anticorrupción, Jhosep Canaza, para resguardar su seguridad física y enviar con detención preventiva al penal de San Pedro de La Paz, al jurista Boris Choque y el pasante del mismo juzgado, Alexander Guarachi, todos implicados en el caso de consorcio de jueces y abogados por el cual la exjuez Cinthya Delgadillo también fue encarcelada.

De acuerdo al informe del fiscal Ramiro Jarandilla, el juez Zarate concedió este beneficio a Canaza, debido a que fue quien más colaboró en la investigación, pero también porque se presume que su compañero, Guarachi, lo amenazó con que los amigos que tiene en la cárcel de San Pedro, podrían causarle algún tipo de daño si no colaboraba en encubrir el hecho.

El caso fue abierto el lunes 7 de mayo, luego de que se revelara que 13 expedientes judiciales, de casos de delitos sexuales y violencia hacia la mujer, del juzgado Primero Anticorrupción que estaba a cargo de Delgadillo, habían permanecido por tres semanas en la oficina Nº 9 del edificio Mariscal de Zepita, donde el abogado Choque compartía el espacio de trabajo con sus colegas German Monasterios y Gabriel Fernández.

Ese lunes, Juan Sadoc, abogado denunciante, logró grabar un video con su celular donde se observa a los pasantes Canaza y Guarachi, trasladar de regreso al Juzgado Primero Anticorrupción, al interior de un saco azul, los 13 expedientes.

A las 18:45 del mismo día, luego de que Sadoc hiciera la denuncia, el Consejo de la Magistratura interviene el juzgado y la Felcc inicia las investigaciones.

El martes, Delgadillo y la secretaria de su juzgado, Ybeth Flores, son aprehendidas, el jueves 10 de mayo, la juez fue enviada a la cárcel de mujeres de Obrajes y Flores, por estar en estado de gestación, logró beneficiarse con la medida sustitutiva de detención domiciliaria.

El viernes 11, Choque, Guarachi y Canaza son imputados por los delitos de consorcio de abogados e incumplimiento de deberes, en grado de autores para los dos primero y de cómplice para el tercero.

REUNIÓN

Una de las principales novedades que se dieron a conocer ayer, fue que en la declaración informativa de Canaza, éste reveló que el 7 de mayo, cuando se dio la primera intervención con el Consejo de la Magistratura, la exjuez Delgadillo convocó a una reunión entre todos los involucrados.

Canaza afirmó que en dicha reunión, la exjuez instruyó a los involucrados lo que debían declarar a fin de esconder el hecho del tráfico de expedientes, además que les indicó que hagan desaparecer los celulares.

En esa línea, Jarandilla afirmó que en el caso de Guarachi este no entregó su celular y se desconoce la ubicación del mismo.

Por su lado, Rene Salazar, abogado de Choque señaló que apelaron la determinación del juez Zarate; en la nueva audiencia, espera demostrar que su cliente no obstaculizará la investigación y que no existen indicios en contra del mismo.

Delgadillo tuvo a su cargo casos de bastante relevancia, como el Banco Unión, Fondo Indígena, Taladros de YPFB, Caso Gabriela Zapata y la Empres China CAMC.

Los casos no solo tenía relevancia por los hechos delictivos, sino por las connotaciones políticas que comprometieron la estabilidad del Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

Por este motivo, el viernes pasado, la bancada de oposición solicitó al Tribunal Departamental de Justicia y al Consejo de la Magistratura que realice una auditoría a los procesos que estaban a cargo de la exjuez.

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría observó el accionar de la juez y la vinculación que tiene con el abogado Choque, y advirtió con que hay una intención política de favorecer a implicados en casos de interés nacional.

“Lo que vamos a hacer es pedir es que se haga una auditoría técnica jurídica a todos esos procesos para ver si se obró de la mano de la ley o fueron con tintes políticos para favorecer a alguna exautoridad”, explicó el legislador.