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No atiende promesa de 2015 ante CIDH

Gobierno incumple compromiso con víctimas de la dictadura

• Un grupo de personas de la tercera edad, todas víctimas de tortura y exilio en épocas fascistas, vive en las carpas de El Prado bajo la indiferencia de la gente y del Gobierno


CARPAS DE EL PRADO PACEÑO DONDE ESTÁN LAS PERSONAS DE LA PLATAFORMA DE LAS VÍCTIMAS DE GOBIERNOS DICTATORIALES.

Las carpas instaladas en el paseo de El Prado, que son cuestionadas por la ciudadanía paceña, se convirtieron en el hogar de las víctimas de las dictaduras que en seis años vieron morir a más de 20 de sus compañeros y a pesar del compromiso de marzo de 2015 del Gobierno central ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de atender sus demandas, la promesa se quedó como tal.

“Hemos logrado una audiencia pública en 2015 ante la CIDH, en Washington, hemos hecho que el Estado asista como acusado, estuvo la exministra de Justicia, Virginia Velasco, fue Pablo Menacho que era subprocurador y el embajador Diego Pari y cuatro representantes de la víctimas de la dictadura”, recordó Victoria López.

Según la información que proporcionó la representante de la Plataforma de las víctimas de la dictadura, los personeros del actual gobierno se comprometieron a solucionar este tema.

“Fue una audiencia pública donde ellos después de decir que no tuvieron tiempo para solucionar este problema, se comprometieron a organizar la Comisión de la Verdad y solucionar. Hasta ahora no han cumplido la Ley 2640 y tampoco la resolución 60147 de las Naciones Unidas, que establece una reparación integral pero se olvidaron hasta la fecha”, afirmó.

Asimismo, dijo que son seis años que la vigilia permanece en el mismo lugar (El Prado paceño) y ya se fueron 27 personas que han muerto, esperando la reparación y resarcimiento del Estado boliviano.

“Al cabo de seis años los sobrevivientes de las dictaduras estamos muy tristes y sufridos, ya son 27 compañeros que han muerto esperando justicia, recién hemos perdido a dos compañeros de lucha, Julio Sevilla y Raymundo Paredes, que al igual que todos fue apresado y torturado en la dictadura de García Meza, y quedamos aún más esperando que nos atiendan”, sostuvo.

Con una voz algo quebrada comentó que la frialdad del Gobierno es tal, que no se conmueve del sufrimiento que atraviesan buscando justicia.

“Nosotros lloramos y sufrimos acá por la desaparición de nuestros compañeros pero al gobierno no le interesa los derechos humanos a pesar de que existen Tratados y Convenios, don Héctor Arce proviene de las luchas universitarias y proletarias”, señaló.

FRANCO ALBARRACÍN

Por su parte, Franco Albarracín, abogado de la Plataforma de las víctimas de la dictadura de Luis García Meza, explicó que es una falta absoluta de humanidad y voluntad política del Gobierno, este asunto que lleva seis años esperando una solución, que se buscó con normas desde la ley 2640, 238 y los decretos reglamentarios pero aún no cumplen.

“No avanza porque es una miseria humana, una falta absoluta de humanidad y voluntad política del Gobierno de Evo Morales; las víctimas de las dictaduras no son de oposición son gente de izquierda. El monto que gastaron en el museo del presidente alcanzaba para resarcir a las víctimas de las dictaduras”, señaló.

Y aclaró que a pesar de toda esa actitud inhumana del Gobierno, las víctimas de la dictadura esperan que cumpla con el compromiso contraído el 2015 ante la CIDH.

“La plataforma está esperando que se cumpla el compromiso que hicieron autoridades del Gobierno ante el organismo internacional del CIDH el 2015”, manifestó Franco Albarracín, abogado de las víctimas.

Aclaró que en la última reunión que se llevó a cabo con el Ministerio de Justicia fue reacio a tratar el tema económico, pero si el de salud.

“Tuvieron 25 reuniones de negociaciones y en la última fue el tema de salud, el Ministro de Justicia fue reacio al tema económico pero aceptó el tema de salud y solicitó listas que enviaron y nunca respondieron”, afirmó.

Cabe poner en relieve que hace años el Gobierno aprobó unos decretos reglamentarios para resarcir y reparar pero el 90% de las víctimas fueron marginadas de esta supuesta reparación a raíz de los requisitos y hasta la fecha no devuelven los documentos de las personas que fueron rechazadas.

 
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