Niños en cárceles, entre normativa y realidad

Los hijos de los privados de libertad viven en las cárceles de Bolivia. Un hecho que ha generado debate entre hacer cumplir la norma, que significa retirarlos de centros penitenciarios, o hacer prevalecer el derecho a la familia de los menores. La desprotección del Estado, el sistema carcelario y el sistema penal carentes de una visión de derechos humanos generan que cientos de niños, niñas y adolescentes continúen viviendo en las cárceles.

En febrero de esta gestión la vejación sexual a una menor de 8 años, en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz, desató nuevamente la polémica sobre la situación de los niños que viven en los penales.

Según el Régimen Penitenciario, hasta febrero de este año, 615 menores de edad convivían con sus padres y/o madres en las distintas cárceles del país: 441 en La Paz; 109 en Santa Cruz; y 65 en Cochabamba. Del total, 550 son menores de seis años, mientras que 65 son mayores de seis, que por su edad y de acuerdo a la norma deberían salir de las cárceles. Pero las cifras no oficiales siguen apuntando a un número mayor a 1.000.

El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, asegura que las "cifras negras" (cifras no oficiales) muestran un número mayor. Dice que más de mil niños, niñas y adolescentes permanecen en las cárceles pese a las disposiciones legales, que se encuentran en plena vigencia, y las convenciones internacionales que remarcan que un menor no pueden vivir al interior de los penales, por la alta vulnerabilidad para su desarrollo integral y su seguridad.

La directora de Fundación Construir, Susana Saavedra, explica que los estándares internacionales precisan que las decisiones sobre la situación de niños y niñas cuyos padres ingresan a privación de libertad deben tomarse en función del interés superior de los menores.

Menciona que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas (NNUU) para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Mandela) establecen que cuando los niños permanezcan con su madre o padre en las cárceles, se tomarán disposiciones para facilitar servicios internos o externos de guardería con personal calificado; proporcionar servicios de atención sanitaria especiales para niños y servicios de seguimiento constante de su desarrollo a cargo de especialistas.

Saavedra agrega que en este momento preocupan las políticas de intervención que se han dispuesto en los penales, para sacar a los menores de edad, por la falta de planificación, consenso y respeto a los derechos humanos de los menores y sus padres.

Como una medida reactiva, tras la vejación de la menor en Palmasola, desde febrero en la sección para varones PC4 de ese penal, el Gobierno institucionalizó de manera abrupta y poco planificada a al menos ocho menores. En el PC2, que es el pabellón de mujeres, al momento hay alrededor de 70 niños que van desde recién nacidos hasta los cinco años, informa la abogada Jessica Echeverría.

Por su parte la doctora Marisol Quiroga, activista de derechos humanos, asegura que en el caso de las cárceles de mujeres se debe atacar el origen del problema y plantea la interrogante:"¿por qué las mujeres están en las cárceles?".

"Las mujeres no están en el mundo criminal con delitos gravosos como asesinatos, pero están ahí adentro con dos o tres niños; o bien los dejan a sus niños afuera de la cárcel, pero los dejan vulnerables y solos", lamenta.

Dijo que se debería cambiar la forma de tratar la problemática del delito respecto a las mujeres, porque ellas tienen niños y al encarcelarlas se castiga al niño más, vulnerando el interés superior.

En abril el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, aseguró que la evacuación de los menores que viven en las cárceles del país está afectando el derecho de los mismos a vivir en familia. (ANF)