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Defensa de implicados

Exjuez ofreció abogados a pasantes

• La exjuez Cinthya Delgadillo se reunió con los pasantes y les aseguró que “no iba a pasar nada”, dio los lineamientos de las declaraciones y les ofreció abogados, según la defensa legal de los pasantes


PAOLO SÁENZ, ABOGADO DEL PASANTE ALEXANDER GUARACHI, EN ENTREVISTA CON EL DIARIO.
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Luego de enterarse de la denuncia en su contra por supuesto tráfico de expedientes judiciales, la noche del 7 de mayo, la exjuez primero anticorrupción Cinthya Delgadillo convocó a una reunión privada, donde, además de acordar cuál debía ser el tenor de sus declaraciones ante la Fiscalía, ofreció abogados a los otros cuatro implicados, informó a EL DIARIO Paolo Sáenz, abogado de Alexander Guarachi, uno de los pasantes, remitido el sábado al penal de San Pedro, imputado por el presunto consorcio de jueces y abogados.

A su turno, René Salazar, abogado de su colega Boris Choque, otro de los cinco implicados, también confirmó el ofrecimiento que la exjuez hizo esa misma noche, al interior de un vehículo, donde fue convocado por el pasante Alexander Guarachi.

Por su lado, Sáenz aseguró que según la versión de su defendido, la reunión fue convocada por Delgadillo que primero les manifestó que “no iba a pasar nada”, dio lineamientos de lo que debía declarar y les ofreció abogados.

“La juez implicada hizo una reunión con todo su personal, ella es la que convoca a la reunión para ver qué es lo que iban hacer (…) ellos aceptan esta reunión, pensaban que la juez les iba explicar lo que había pasado, ellos no quedaron en nada”.

La doctora (Delgadillo) les dijo a los pasantes, que no pasaba nada, que estén tranquilos que ella iba ponerles un abogado, les ofrece eso, es lo que mi cliente ha manifestado en audiencia (del día sábado)”, aseveró en entrevista con nuestro medio.

En criterio de Sáenz, el caso alcanzó ribetes escandalosos y no está de acuerdo en que el caso haya sido tipificado como consorcio de jueces y abogados sin una investigación más detallada, debido a que el Ministerio Público aún no ha logrado demostrar perjuicio ni se conoce víctimas de una supuesta retardación de justicia.

El jurista recalca que su cliente desconocía el contenido del saco de plástico donde el Consejo de la Magistratura encontró 10 expedientes de casos que eran tratados en el juzgado primero anticorrupción.

En el caso de Salazar, su abogado anunció que para probar su inocencia, pedirá que se realicen peritajes al audio que presentó, con el fin de certificar que las voces corresponden a su cliente y Guarachi, una conversación vía celular donde ambos aseguran no saber nada y Choque reclama que el saco fue retirado de su oficina y llevado sin su consentimiento.

COMPUTADOR INCAUTADO

Asimismo, reiteró que la computadora donde se encontraron los borradores de resoluciones de casos que se trataban en el juzgado primero anticorrupción, no le pertenecían y señala como propietario a otro colega con el cual compartía la oficina.

El lunes 7 de mayo, el abogado Juan Sadoc se presentó a las 18.30 horas ante el Consejo de la Magistatura para denunciar que 10 expedientes al interior de una bolsa azul eran llevados desde la oficina de Choque de regreso al despacho de la juez Delgadillo y filmó a los pasantes Guarachi y Jhosep Canaza, trasladando el bulto por los pasillos.

Para Sadoc, el audio presentado por su vecino de oficina, Choque es forzado y trata de encubrir el verdadero hecho de consorcio de jueces y abogados.

El jueves 10 de mayo, el juez segundo anticorrupción, Alan Zárate, dispuso que su excolega sea remitida a la cárcel de Mujeres de Obrajes, mientras duran las investigaciones y la secretaria del juzgado Ybeth Flores cumpla detención domiciliaria por su estado de gestación, ambas imputadas por incumplimiento de deberes y consorcio de jueces y abogados.

El sábado, se dio la audiencia cautelar del abogado particular Boris Choque y los pasantes Alexander Guarachi y Jhosep Canaza, este último sólo en grado de complicidad beneficiado con detención domiciliaria.

Por último, ayer el fiscal Javier Flores aseguró que entre los 10 expedientes encontrados, no existe ninguno de relevancia como se especulaba, con el caso Banco Unión, Gabriela Zapata, Fondo Indígena y otros.

 
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