Jorge Lazarte
La democracia participativa, reconocida por la Constitución Política del Estado, se impone frente a la democracia representativa, también vigente según la norma suprema boliviana, pero se perciben falencias en el manejo de ambas, según la visión del politólogo Jorge Lazarte, quien hizo un análisis sobre la coyuntura actual e identificó que la primera rebasó límites, atentó derechos y no observa al diálogo como el mejor aliado para la solución de conflictos.
“La idea de la participación y de la democracia participativa emergió en Bolivia como réplica, como un cuestionamiento de la democracia representativa y para saldar las falencias de la democracia representativa, se alentó la democracia participativa, no solamente en Bolivia sino en el mundo”, explicó Jorge Lazarte.
Pero aclaró que el Gobierno no lo inventó, pero si impulsó que emergiera con fuerza contra la democracia representativa, sin embargo, explicó que desde la perspectiva de la aritmética no existe una real participación.
“La democracia participativa no es un invento del Gobierno, es anterior a este gobierno solo que en Bolivia emergió con fuerza contra la democracia representativa, además si entendemos la participación desde la aritmética esto quiere decir que cuanto más participa la gente, menos participa cada uno”, indicó.
Tomó como ejemplo, el caso de 60 personas que participen en una hora cada uno tendría un minuto, pero si participan 600 personas ¿tendrían algún tiempo de participar? preguntó; por lo que para grupos pequeños es factible.
“La democracia participativa como un derecho a que cada miembro participe, es posible en grupos muy pequeños, pero cuando se trata de grupos grandes, hay menos participación de los individuos y esto no lo toman en cuenta en absoluto”, señaló.
CASO CHUQUISACA
La reflexión del exvocal de la ex Corte Nacional, se remite a los últimos acontecimientos que están sucediendo en el departamento de Chuquisaca, donde está predominando los espacios de deliberación es decir la democracia participativa boliviana, el Cabildo, donde los ciudadanos están solicitando la renuncia de autoridades electas, mediante la democracia representativa.
Aseveró que esto es producto de un conflicto de intereses en el departamento de Chuquisaca, el cual podría encontrar una solución por medios jurídicos, pero no es posible porque en Bolivia no prima el Estado de Derecho y menos la confianza a un justicia imparcial.
“Lo que pasa en Chuquisaca es lo que siempre ha sucedió en el país, cuando hay un conflicto de intereses no tenemos los medios jurídicos eficientes para resolverlos, es decir si funcionara el Estado de derecho en Bolivia, este conflicto tendría que pasar por la vía judicial, pero la falta de imparcialidad de la Justicia es uno más de los fracasos del gobierno”, dijo.
Sin embargo, cree que la solución se está buscando por la vía, que siempre se hizo la política: obviando la Ley.
“Pero ahora se resuelve por la vía política o se negocia directamente, y a veces contra la Ley o se impone la negociación, es la capacidad de presión de unos sobre otros y por eso se desordena el país y vivimos en el desorden”, sostuvo.
En ese sentido, identificó una de las carencias con las que cuenta la democracia representativa, por ejemplo las autoridades electas que pierden su norte y no saben a quién representan. Y ante este que factor se genera una ruptura y se organizan los ciudadanos para tomar decisiones en medio de un conglomerado de gente.
“La democracia moderna que es la democracia representativa, en el caso de Bolivia, ha tropezado con déficit (carencias) muy grandes, se ha desdibujado su idea, por un lado, los representantes o sea los diputados ya no saben a quién representan si a los electores o a los partidos que los han hecho elegir”, explicó.
Por lo que “la idea de rendición de cuentas de sus actos, no pasa por su cabeza y por eso se da una ruptura con los representados, por lo tanto la idea de la democracia no es lo mismo que el poder, más bien la idea de la democracia es un freno al poder, por lo que la democracia no es separable de los derechos fundamentales”, aseveró Jorge Lazarte.
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