Por caso Sariri
• “ La Contraloría del Estado, mediante un dictamen especializado, ha determinado que la máxima autoridad (municipal de El Alto) de ese entonces, Edgar Patana, ni siquiera tiene responsabilidad administrativa”, remarcó el abogado Milton Mendoza
De acuerdo con un informe emitido por la Contraloría del Estado, no existió daño económico cometido por el exalcalde masista, Edgar Patana, en la compra de los buses Sariri, afirmó su abogado, Milton Mendoza.
“Se revocó la libertad de don Edgar Patana por decisión de la vocal Margot Pérez, no obstante que no tiene ninguna responsabilidad. La Contraloría del Estado, mediante de un dictamen especializado, ha determinado que la máxima autoridad de ese entonces, don Edgar Patana ni siquiera tiene responsabilidad administrativa en la adquisición de los buses Sariri, es la opinión de una entidad neutral”, aseveró ayer Mendoza.
El martes pasado, a menos de siete días de haber salido de la cárcel de San Pedro, la Sala Penal Segunda presidida por la vocal Pérez determinó revocar la detención domiciliaria que había logrado en otra instancia, dentro del caso se supuesta compra irregular de los buses para transporte público masivo.
La Sala observó el contrato de trabajo presentado por Patana y señaló que este documento debe ser previamente revisado por los fiscales, por lo que fue colocado como un riesgo de fuga.
INCUMPLIÓ NORMAS BáSICAS
De acuerdo con información brindada por Jeral Quisberth, director general de Asesoría Legal de la Alcaldía de El Alto, en marzo de 2014, el exalcalde Patana procedió a la compra de 60 buses a los que denominó “Sariri”, sin contar con una información de precios referenciales. Se adjudicó la compra a una empresa, incumpliendo el Decreto Supremo Nº 181 Normas Básicas Sistema de Administración de Bienes y Servicios por lo que es procesado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Mendoza aseguró que la auditoría realizada por la Contraloría, no fue solicitada por ellos, sino por la misma Fiscalía y fue entregada en 2017.
El abogado asegura que la determinación asumida por la vocal Pérez carece de lógica y señala que se vulneran leyes al determinar que el contrato de trabajo presentado por Patana debió ser evaluado por la Fiscalía por lo que acudirá al Tribunal Constitucional donde espera que se revierta se revierta la resolución.
MÁS PROCESOS
Patana cuenta con al menos nueve procesos penales en su contra y ya tiene una sentencia en su contra por la entrega de 14 vehículos a dirigentes vecinales afines al MAS.
Según la defensa de Patana, esta sentencia no influye al pedido de una detención domiciliaria pues aún no está ejecutoriada y prevalece la presunción de inocencia.
El proceso también fue seguido por el Viceministerio de Transparencia, que informó que la apelación presentada fue contra la resolución 36/2018 de 31 de enero de 2018, emitida por la exjuez Cinthia Delgadillo, del Juzgado Primero Anticorrupción.
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