Graves falencias administrativas
El gerente de Operaciones de Banco Unión, Humberto Marín, admitió ayer que los controles en la entidad financiera estatal aún son deficientes, pero que se debe seguir mejorando debido al flujo de recursos con los que opera y aseguró que no habrá más casos. “Esto no sucederá nunca más”, advirtió. Atribuyó la detección del desfalco a los procesos instituidos desde septiembre pasado.
“Hubo deficiencias de control, que puede haberse dado por el crecimiento permanente del banco, y hasta ajustar se crean vacíos”, justificó Marín, consultado sobre el hecho.
Al respecto, parlamentarios de oposición citaron al ministro de Economía, Mario Guillén, a comparecer ante el poder camaral para que explique este nuevo caso que echó más interrogantes sobre la gestión del partido de Gobierno en el banco.
Marín dijo que la nueva administración implantó procedimientos de fiscalización. “El caso denunciado es fruto de las auditorías internas que han implementado, y en este marco se puso en vigencia la auditoría permanente, y el 8 de mayo salió el informe y el 15 de mayo se cauteló a la persona responsable”, manifestó.
El daño a la entidad bancaria asciende a 220.000 dólares aproximadamente y aclaró que el hecho ocurrió entre el 19 de septiembre de 2015 al 19 de junio de 2017, o sea en la gestión pasada, aunque no pudo deslindar su responsabilidad.
ASFI
Entretanto, mediante un comunicado, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) informó que espera el informe del Banco Unión sobre el desfalco registrado en la agencia de Desaguadero, y que por norma existe un plazo de 10 días para esa finalidad.
La entidad reguladora instruyó al banco en octubre pasado, al banco a realizar la conciliación de cuentas de fondos asignados a los cajeros automáticos, a raíz de lo que sucedió en septiembre, con el anterior desfalco a manos del responsable de la agencia de Batallas, Franz Pari.
En tal virtud, la actual administración del Banco Unión S.A., concluida la auditoría especial en la agencia Desaguadero, estableció un faltante de Bs 1.600.000 (Un Millón Seiscientos Mil Bolivianos), correspondiente al período del 19 de marzo de 2015 al 29 de junio de 2017, por lo que reforzó sus controles internos de seguridad e inició las acciones judiciales pertinentes.
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