Cuando se habla de violencia familiar, hablamos de una parte muy importante de la sociedad, la familia. Y dentro de ésta se denota la violencia hacia la esposa, a las hijas o hijastras menores de edad, la misma que es llamativa, por ser estadísticamente frecuente en nuestro, país y en muchas partes del mundo. Esto preocupa de manera especial al pueblo boliviano en todos sus estamentos y también a las autoridades del gobierno, así como a psicólogos, sociólogos, no pudiendo hacer mucho, pese a que ya se tiene en vigencia la ley contra la violencia a la mujer y la ley sobre violencia familiar o doméstica. Se ha podido observar el aumento de las denuncias en diferentes departamentos del país, con respecto a la violencia indicada.
Sin embargo, en algunos lugares pese al conocimiento de disposiciones legales no se las cumple en su verdadera dimensión, con rigor, de acuerdo con el tipo de violencia y gravedad que implica la infracción cometida. Se ha manifestado reiteradamente que la ley es más conciliadora entre los cónyuges, pues no se sanciona como debería ser y tampoco se da al agresor un tratamiento psicológico clínico especializado. Es decir que no se pone freno a esa violencia familiar aplicando todos los medios que sean posibles, tanto jurídicos como tratamientos psicológicos y el culpable sigue cometiendo la misma violencia familiar y hasta con mayor frecuencia, debido a que las leyes no han sido aplicadas con drasticidad.
Está en vigencia la Ley 348, conocida como Ley integral para garantizar a las mujeres una vida digna libre de violencia, cuyo artículo 46 debería ser modificado. Y es que una vez presentada la denuncia formal ante el Ministerio Público, ésta no debería ser levantada, bajo ningún motivo. Pero muchas veces se llega a conciliar, bajo acuerdo de partes y compromiso de no reincidir en hechos violentos que dejan secuelas psicológicas.
Considero que los agresores deben ser sometidos a tratamientos psiquiátricos, o terapia ante el riesgo de trastornos psicológicos.
En el área rural por falta de conocimiento de la ley se practica bastante la violencia. La falta de autoridades competentes, para la debida aplicación de leyes, hace que sean cometidos asesinatos, torturas, maltratos, discriminaciones, violaciones y otros hechos repudiables. Muchas veces los violentos quedan en la impunidad. Esto es lo que preocupa de gran manera. Tal parece que esta manifestación hecha realidad se da en el país porque se queda generalmente en el silencio. Si se llega a convivir con esas personas en una determinada comunidad, se llegará a evidenciar tal situación y esto no es problema de una parte del país, es de todo el territorio nacional, de áreas urbanas y rurales, de la sociedad en su conjunto.
Por otro lado, la violencia afecta con mayor frecuencia a mujeres, también a niños, niñas, ancianos, inválidos, relegándolos a la condición de débiles, influyendo en la frustración en su vida cotidiana, en vez de recibir el mayor apoyo de las personas de diferentes edades y sexo y protección rigurosa por parte, singularmente, de entidades del Estado llamadas a hacer cumplir las disposiciones legales, jurídicas.
Lo importante es tener conciencia de que somos seres humanos con los mismos derechos e igualdades y con las mismas prioridades, mencionados en la Constitución Política del Estado.
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