La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal), que realiza permanentemente estudios e investigaciones sobre los comportamientos económicos en países de América Latina, ha emitido un documento por el cual se establece: “Tres de cuatro ciudadanos de América Latina tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos. Y alrededor de un 80% cree que la corrupción está extendida en las instituciones públicas. En los últimos años la corrupción en América Latina ha tomado dimensiones alarmantes que quedan en vigencia con casos como los paraísos fiscales y sobornos en grandes empresas. Los hechos ocurridos en el más alto nivel político en Argentina, Brasil, Ecuador y recientemente Perú, con dimisiones, encarcelamientos y procesos contra jefes de Estado, algunos que aún están en curso, han minado la confianza pública”.
El problema es grave en todo el continente porque las quejas y lamentos de ciudadanos de todos los países son permanentes, por el hecho de que tanto personalmente como a nivel de partidos de oposición e instituciones privadas, se demuestra permanentemente que la corrupción es un mal que atacó seriamente a quienes poseen poder de cualquier naturaleza. La pérdida de valores y el poco interés o vocación de servicio que tienen muchos gobernantes, ha calado muy hondo en la confianza y credibilidad de ciudadanos que, en muchos casos, votaron por políticas de cambio con la esperanza de que haya conciencia en quienes asumen funciones públicas; pero las frustraciones y decepciones son tantas que lo menos que hay ahora es confianza en quienes ejercen labores de gobierno.
Las investigaciones sobre conductas inmorales de quienes están a la cabeza de gobiernos, han sido elaboradas conjuntamente por el “Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y El Caribe de Naciones Unidas (Cepal) y CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, en colaboración con la Comisión Europea” (ED 10-4-18).
Los pueblos de América Latina, como todos los países pobres del mundo, consideran que la falta de institucionalidad en muchos países y el manejo discrecional de la economía, determina que muchos gobernantes sean propugnadores de actos de corrupción. Se dice, en muchos estratos, que buena parte de los programas de ayuda a los pobres, que debe ser canalizada a quienes padecen hambre y pésimas condiciones de salud y educación, generalmente es aprovechada por los que ejercen labores de gobierno. Y es que, lamentablemente, todas las entidades de ayuda al Tercer y Cuarto Mundo, empezando por los programas de Naciones Unidas, entregan directamente sus aportes a los gobiernos y ningún control existe por parte de los donantes.
El problema de corrupción se incrementa por la carencia de controles sobre ayudas y programas para el desarrollo y que la corrupción aprovecha en todo sentido. Se extraña, por ello mismo, que donantes no busquen ni encuentren medios para evitar aprovechamiento y expansión de la corrupción y se considera que, conjuntamente Naciones Unidas, la Unión Europea e instituciones como ONGs y otras privadas, tramiten una legislación especial para el “control y debido manejo de todo lo que significa luchar contra la pobreza y políticas destinadas al desarrollo”.
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